Cuando en junio de 2006 se desarrollaba la campaña electoral en Perú, todo el mundo sabía que Alan García Pérez había sido presidente del país entre 1985 y 1990; todo el mundo sabía que el aprista acabó su mandato en aquella última fecha con la economía colapsada, con el poder adquisitivo de los peruanos desaparecido por una inflación acumulada del 7.600%; todo el mundo sabía, también, que en 1986 había sido el responsable de la matanza de más de 250 presos en tres cárceles limeñas, y que en 1992 pasó a la clandestinidad, exiliándose en medio de acusaciones –fundadas- de enriquecimiento ilícito; todo el mundo sabía que había depositado fondos públicos peruanos en el Banco de Crédito y Comercio Internacional –BCCI-, dominado por el escándalo de la CIA y los grandes narcotraficantes.
Pues bien, a pesar de tan siniestra y despreciable carrera, la por aquel entonces secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español –PSOE- y hoy flamante ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, apoyó públicamente la candidatura de Alan García, quien finalmente ganó las elecciones, aunque con escaso margen sobre Ollanta Humala; un candidato, sin duda, menos favorable a los intereses de las transnacionales españolas.
En aquellos momentos y según datos oficiales, Perú contaba con más de 14 millones de pobres -el 54% de la población-, como consecuencia de la despiadada política neoliberal, y la indigencia afectaba a más de 7 millones de personas -niños, mujeres y ancianos en su gran mayoría-. Dos años atrás, con Alejandro Toledo como presidente, la deuda externa de Perú era de 28.000 millones de dólares, y más del 20% del presupuesto peruano del Estado se dedicaba al pago de la deuda –más del 50% a intereses-. José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, por puro interés económico de la oligarquía española -a la que, a pesar de erigirse como socialistas, ellos también pertenecen-, apoyó el continuismo neoliberal que representaba Alan García Pérez, o lo que es lo mismo, el hambre y la creciente miseria que padece la mayoría de los peruanos.
A día de hoy todo sigue parecido en Perú: ningún signo de mejoras entre su población históricamente castigada. En cuanto a Alan García, esté sigue siendo el mismo y deshumanizado individuo presentado unas líneas más arriba de este texto.
El pasado viernes, día 5 de junio, una treintena de indígenas amazónicos fueron asesinados, al parecer tiroteados por fuerzas armadas gubernamentales desde helicópteros y vehículos blindados. Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se manifestaban contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital.
Se da la circunstancia de que en los últimos años han sido descubiertas, en el norte de Perú, grandes reservas petrolíferas, las cuales Alan García se empeña en poner en manos de compañías extranjeras para su explotación. Al presidente peruano no le importa las consecuencias trágicas que para las comunidades de cazadores-recolecteros, que obtienen sus recursos del bosque y de los ríos, éste hecho pudiera tener. Tampoco le importa que, desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y amparadas por las convenciones de Naciones Unidas, las comunidades indígenas tengan reconocido el derecho sobre aquel espacio. Con los mencionados cadáveres puestos sobre la mesa –también murieron algunos policías- el gobierno de Alan García ya ha dejado bien claro cual es su postura a este respecto.
A día de hoy, que yo sepa, ni Trinidad Jiménez -aunque ahora desempeñe otro cargo- ni el gobierno español se han pronunciado sobre el trágico suceso; y mucho menos todavía les ha dado por cuestionar a su aliado peruano. Resulta curioso –que no sorprendente- cómo el gobierno español, cuyo lema favorito viene a ser algo así como “con la violencia, tolerancia cero”, y que además hace tan sólo tres años apoyó de interesada manera al responsable de la masacre, guarde hoy tanto mutismo. ¿Complicidad o desdén? ¿Sería descabellado decir que, quizá, ambas cosas a la vez?
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