Desde el 26 de junio del 2003, el presidente de los Estados Unidos George Bush se empleó a fondo en reuniones con Mireya Moscoso, ex presidenta de Panamá, para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Varias fueron las propuestas iniciales, que incluyó la posibilidad de adherirse al CAFTA-DR (TLC Centroamérica-EE.UU.) o al firmado entre Chile y los Estados Unidos. No obstante, la diferencia de estructuras de economías, entre otras consideraciones, impidió la concreción de las propuestas.
En abril de 2004 comenzaron las negociaciones, en diez rondas, por un período de dos años del Acuerdo de Promoción Comercial que no es diferente a los TLC de carácter bilateral ya conocidos, incluso exhibe como referencia el texto del CAFTA-DR y del TLC Estados Unidos–Singapur, este último por el aspecto de los servicios financieros.
Pero el cambio de nombre era necesario. El llamarlo Acuerdo de Promoción Comercial (APC) resultaba menos polémico si se tiene en cuenta que el de TLC se asocia con utilitarismo, con trato recíproco y mayor dependencia política y económica hacia los Estados Unidos; por lo tanto, un cambio de nombre evitaba mayores confrontaciones, sobre todo en Centroamérica, donde la experiencia del CAFTA-DR fue manipulada desde las negociaciones y los estudios de impactos, desde esa fecha ya indicaban las afectaciones para los diversos sectores sociales de menor ingreso.
Pero, incluso, para lograr ser aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, el cambio de nombre era más sugerente. Bush agotó su influencia política para lograr aprobar el CAFTA- DR con estrecho margen, y algunos productores norteamericanos podrían presionar al Congreso estadounidense para evitar la aprobación de otros TLC al estilo del CAFTA-DR, que pudieran elevar concesiones perjudiciales a sus intereses.
En definitiva, el secretismo —bajo la Cláusula de Confidencialidad—, la nula participación de la sociedad civil, el poder de las asimetrías, el discurso que declara el libre comercio como garantía al desarrollo económico, no faltaron en todo el proceso de negociación. No obstante, los resultados favorables alcanzados —en opinión del gobierno panameño— están aún por demostrarse.
El Acuerdo con los Estados Unidos, aprobado por la parte panameña desde el 19 de diciembre de 2006, compendia varias cuestiones, que podemos resumir en siete aspectos:
- El viejo tema fitosanitario, que incluye el derecho panameño a elevar medidas fitozoosanitarias bajo la normativa de la OMC para el control de la salud humana, animal y vegetal. En realidad los panameños exigieron la consideración de sus controles por ser efectivos en el control de diferentes pandemias como la gripe aviar, la fiebre aftosa, entre otras. Las reservas ante el control fitosanitario estadounidense eran claras, en el 2003, Estados Unidos enfrentó un brote del mal de la vaca loca, a pesar de declarase como un sistema estricto.
- La posibilidad de que el 100% de los productos de exportación panameños entren libre de aranceles en territorio norteamericano.
- Las exportaciones procedentes de los Estados Unidos tendrán diferentes plazos de apertura. El sector industrial, tendrá apertura inmediata en un 88% y el resto en diez años, con la eliminación de las barreras arancelarias. El sector agropecuario tendrá 50% de apertura inmediata y en 15 años la eliminación de todas las barreras arancelarias.
- Se incluyen tres exclusiones técnicas para café, papa y cebolla, con plazos de desgravación diferenciados.
- El acuerdo elimina la cláusula de exportador neto de azúcar ya que imponía límites a la posibilidad de hacer efectiva la cuota de azúcar otorgada por los Estados Unidos.
- El ron y el etanol estarán libre de aranceles, con acceso inmediato.
- Otros productos como el arroz, pollo, aceite, carne de cerdo alcanzaron plazos de desgravación desde 15 a 20 años; aunque el gobierno estadounidense rebajó las altas cuotas que presentó desde las primeras rondas.
La preocupación de los diferentes actores de la sociedad civil, economistas y politólogos, se centra en importantes cuestiones.
En primer lugar, el acuerdo no oferta grandes avances en comparación con las preferencias —en un 95% de las exportaciones libre de aranceles— que Panamá obtenía a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, por lo cual, el TLC es innecesario.
En segundo lugar, a los productores panameños no les conviene ni las aperturas inmediatas ni las altas cuotas señaladas para los productos en tanto compiten en desventaja con los productores norteamericanos que son subsidiados por el gobierno estadounidense, lo cual conllevará a una crisis del agro, menor producción y encarecimiento de los alimentos, hambre y un mayor desempleo.
En tercer lugar, el plazo de veinte años, lejos de parecer provechoso, implicaría para la producción agrícola y la industria perjuicio para sus productores, mientras Estados Unidos podrá introducir sus productos libres de impuestos en el mercado panameño.
En cuarto lugar, existen reales dudas sobre el alcance del acuerdo en materia de acceso al mercado norteamericano a partir de los obstáculos que imponen los controles de bioterrorismo en los Estados Unidos.
En quinto lugar, los “derechos de patentes”, específicamente en las medicinas, reducen el espectro para la salud del pueblo panameño por los altos precios de los medicamentos genéricos que sólo benefician a los monopolios farmacéuticos.
En sexto lugar, se especula que las “ventajas” obtenidas por Panamá quedaron bajo la sombrilla del capítulo sobre compras gubernamentales, que fortalece jurídicamente la posibilidad de que empresas norteamericanas, bajo trato nacional, puedan participar de las licitaciones públicas de cara a la ampliación del Canal de Panamá. En este sentido, la preeminencia de las empresas norteamericanas pone en desventaja al resto de los competidores, incluso nacionales, violando la autonomía constitucional del Canal.
Los intereses del Gobierno norteamericano en el Canal —hasta la fecha— superan la barrera comercial, en tanto la ampliación de la ruta permitiría el paso a los portaaviones modernos y buques de guerra y mantendría las posibilidades de continuar con las maniobras militares al estilo de Panamax, que incluyen ejercicios de vigilancia aérea y marítima en aguas del Pacífico y del Atlántico y en las zonas terrestres cercanas al Canal.
El tema de la aprobación del TLC por el Congreso norteamericano desde la llegada de Barack Obama al gobierno ha tenido un bajo perfil, teniendo en cuenta las complicaciones surgidas para la administración con las modificaciones al sistema de salud pública y energética de los Estados Unidos y el enfrentamiento a los problemas resultantes de la crisis económica.
El presidente recién electo Ricardo Martinelli dará continuidad a los esfuerzos por lograr la aprobación del TLC con los Estados Unidos y, ante los condicionamientos de congresistas estadounidenses acerca de que Panamá debe modificar su legislación tributaria y lograr la firma de un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria, se aprecia la disposición gubernamental dirigida a negociar un instrumento legal que facilite el intercambio de información relacionada con asuntos fiscales basados en los valores y principios de Derecho Público Internacional y de conformidad con los compromisos suscritos por Panamá con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Sin embargo, en estos años, Panamá ha suscrito TLCs con Taiwán, Chile, Singapur, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, los cuatro últimos, países de la región centroamericana. El TLC con Chile —bajo el manto de cero aranceles para los productos panameños— y el de Guatemala —que incorpora un acuerdo marítimo— se presentan como la vía idónea para elevar el desarrollo social y humano; no obstante, el tiempo pasa y la evidencia empírica señala que el país no ha logrado reducir los altos índices de pobreza, que alcanza el 60% de la población y el 46 % de la fuerza laboral se mantiene en el sector informal. Otros datos indican la persistencia en el aumento de las brechas en cuanto a desigualdad y de los precios de la canasta básica.
Ello evidencia que los TLC no son la panacea para los países subdesarrollados ni para las amplias mayorías y mucho menos lo son, aquellos concertados con los Estados Unidos, aunque se les cambie el nombre.
La MsC. Noemí Acosta Guillén es Investigadora del Centro de Estudios sobre América
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