Hoy 12 de Junio de 2008 el gobierno anunciaba un acuerdo con la patronal mayoritaria Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que según el mismo gobierno agrupa al 88% de los camiones y sin embargo “sólo” el 57% de las empresas. Estos números dejan claro que la CETM, organización con la que el gobierno ha pactado, es una asociación dirigida por los grandes transportistas.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) junto a otras asociaciones de transportistas autónomos, con cerca de un 20% de representación, por ahora rechaza el acuerdo y reclama la vuelta de la tarifa mínima que fue eliminada en 1998 durante la primera legislatura del PP.
El gobierno de Zapatero viene negociando con las diferentes patronales del transporte hace meses. Al final ha cedido a la presión de las grandes empresas por lo cual se niega a implantar las tarifas mínimas. Bajo la excusa que dichas tarifas son contrarias a la libre competencia y por lo tanto incumplen la legislación europea. Aunque sendas sentencias del tribunal supremo europeo reconocen a los estados el derecho a fijar dichas tarifas.
La eliminación de la regulación de precios es del año 1998, se produjo en los inicios del boom de la construcción que por su enorme dependencia del transporte por carretera propició un crecimiento del mismo. Mientras el boom se mantuvo los “cargadores”, o sea las empresas que dependen de los transportistas, tuvieron que recurrir a cualquier tipo de transportista, ya fuera autónomo, cooperativo, o un gran transportista, dado que “faltaban camiones. Con la llegada de la crisis las cosas han cambiado y el trabajo ha bajado a la vez que el petróleo se encarecía. Las grandes empresas ante el recorte del margen de beneficios han podido abaratar las tarifas, mediante la reducción de salarios y plantillas. Así han pasado a ser más “competitivas”. En cambio los autónomos, o mejor dicho trabajadores tercerizados, muchas veces provenientes de expedientes de regulación de empleo, que con la indemnización se compraron el camión, no pueden reducir las tarifas. Por este motivo hablan de dumping, refiriéndose a empresas de transportes que contratan en precario y reciben descuentos por parte de las gasolineras al comprar más combustible. Las medidas todas ellas centradas en incentivos fiscales, descuentos de cuotas en seguridad social dichas rebajas en torno al 4% por trabajador van a suponer una mayor cantidad para las empresas más grandes, además de reduir el presupuesto de la seguridad social. De nuevo se socializan las pérdidas. Las medidas acoradas van a permitir a los peces gordos comerse todo el pastel a costa de apretar las clavijas a “sus” asalariados; muchos de los cuales han participado en la huelga, ya que sabían que sin tarifa mínima van a ser ellos los que van apagar la crisis.
Un hecho gravísimo es la muerte de un trabajador en un piquete a manos de un esquirol, ya sea voluntario o bajo amenaza. Este último ha matado a un compañero para ejercer un trabajo que el más que probable ingreso en prisión, le va a impedir hacer. La posición del gobierno ante la muerte de un participante en piquetes, choca muchísimo con otras muertes. Ni condena, ni luto, ni declaraciones formales. Muy diferente hubiera sido si un participante en los piquetes hubiera asesinado a un esquirol. Las empresas de comunicación tanto televisiones, radios, periódicos etc... Se han guardado mucho de entrevistar a familiares y amigos del muerto, de hecho parece que no ha sucedido. Esto no ha sido así con el conductor que no secundaba la huelga y pudo escapar de un camión incendiado por huelguistas. Cómo en todo hay clases y clases de muertos.
Algunos medios incluso han intentado burdamente equiparar este paro del transporte a la maniobra que la derecha chilena utilizó para intentar llevar al colapso el gobierno de Allende. A la vista de las políticas económicas y sociales del gobierno Zapatero, los resultados en la negociación y los posicionamientos de los diferentes sectores, parece que algunos confunden la velocidad con el tocino. En estos momentos las diferentes administraciones utilizan los medios de represión a su alcance para imponer unos acuerdos destinados a mantener las ganancias de unos pocos.
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