Pese al desalojo de estudiantes encerrados en la Universitat de València, la criminalización que los medios de comunicación hacen de las protestas, la negativa a un diálogo real sobre la implantación de Bolonia y la propuesta de expulsar entre uno y once años a 28 estudiantes de la UAB, el movimiento estudiantil mantiene el pulso contra un proyecto que consideran que pone la universidad al servicio de las clases dirigentes.
Con diez facultades ocupadas en los Països Catalans (Pedagogía, Física, Biología y el edificio central en la UB; Letras, Comunicación y Psicología en la UAB; Filosofía, Filología y Derecho en la UV) en el momento de cerrar este número de L´ACCENT y la perspectiva de nuevas ocupaciones durante los próximos días, lo que actualmente exigen los estudiantes a los rectorados es que hagan referéndums vinculantes en las universidades con la pregunta: "¿Se debe congelar la aplicación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) e iniciar un proceso de debate sobre el futuro de la Universidad Pública?". Si la pregunta es afirmativa, entienden que se debe parar el proceso de implantación de Bolonia (y derogar si hace falta los decretos de aplicación aprobados) y que se empiece de nuevo el debate sobre el modelo universitario.
El calendario de las últimas semanas muestra un movimiento que va en auge: vagas y manifestaciones con miles de estudiantes el 20 de noviembre en València (15.000), Barcelona (10.000), Girona, Lleida, Tarragona, Vic, Castelló, Alicante, Benissa, Manresa y Olot, y días antes Palma (700); ocupaciones de facultades en la UB, UAB y UV; asambleas de estudiantes cada vez más masivas; y apoyo mutuo con la campaña "Que la crisis la paguen los ricos". Además, a pesar de dificultades que encuentra este movimiento para conectar con el personal docente, en lugares como la Universitat de València se ha constituido una asamblea de profesores de apoyo a las protestas de los estudiantes.
Pero este auge ya ha recibido como respuesta en algunos puntos la represión: es el caso de la carga de los Mossos d'Esquadra contra la manifestación del día 20 en Barcelona, de los desalojos de los campamentos instalados en diferentes facultades de la Universitat de València el sábado 22 de noviembre o de la propuesta de expulsión contra 28 estudiantes de la UAB.
Negociaciones que no avanzan
Desde el inicio de los encierros, los rectorados y los comités universitarios de Bolonia (formatos por las asambleas de facultades y el Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans -SEPC-) están en diálogo constante. Pero Marina Guino, en nombre del SEPC, explica que los rectorados están alargando las conversaciones sin comprometerse por ahora a efectuar estos referéndums de carácter vinculante: "Ellos ponen la excusa que pueden hacer referéndums consultivos, pero que por ley no pueden ser vinculantes. Nosotros exigimos que lo sean". A pesar de las dificultades para que avance la negociación, Guino explica que los responsables de las instituciones universitarias ven que cada vez hay más asistencia las asambleas de facultades y que el movimiento va a más. Pero lo que temo la representante del SEPC es que los rectores utilicen la lucha en Bolonia sólo para obtener más financiación: "Su estrategia es coger la reivindicación de más financiación pública para las universidades, que es en lo único que están de acuerdo con nosotros, para presionar los gobiernos y obtener más dinero. Ellos dicen al Gobierno que si no les dan más financiación que puedan usar para ofrecer algo al movimiento estudiantil, la protesta se les escapará de las manos".
Que el movimiento está creciendo no lo constata sólo una participación creciente a las asambleas de facultad y las ocupaciones de más facultades esta semana, sino que también lo muestra una carta confidencial enviada por los rectores de la UB, la UAB, la UV, la Complutense de Madrid y la de Sevilla al Gobierno español. De la carta daba noticia el diario El País , según el cual los rectores advertían al secretario de Estado de Universidades que el movimiento va en aumento "con consecuencias imprevisibles" y que "no es un fenómeno pasajero; no confiamos que se desvanezca, sino que parece que se acentuará".
La fuerza del movimiento estudiantil (pese a que algunos medianos se empeñen en reiterar que es minoritario) ha forzado el consejero catalán de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, a posicionarse. Y lo ha hecho atacando duramente los estudiantes, puesto que según él la alternativa a Bolonia supone volver a la "autarquía" y al modelo de universidad franquista, "retrógrado y anquilosado", que "Catalunya pagó con represión, muertes y fusilamientos".
Referéndums para parar Bolonia
De referéndums los estudiantes ya han convocado en dos universidades: Girona y Lleida. En Girona fue el 12 de noviembre, y la pregunta recibió un 94,38% de votos a favor. Aun cuando los convocantes reconocían una baja participación, esta ha quedado entre un 15% y un 20% por encima de las últimas elecciones a claustro. Ahora los estudiantes gerundenses están planteado sumarse a las ocupaciones de facultades para exigir que el resultado afirmativo sea vinculante. En Lleida, el referéndum del pasado mes de abril obtuvo un 94,56% de los votos a favor de parar la implantación de Bolonia. Fue a votar un 20% de los estudiantes, cifra superior al 10% que fue para la elección del rector. En el caso de Lleida, el rector se había comprometido a acatar el resultado, y como que por el momento no ha hecho ningún gesto en este sentido, los estudiantes exigen ahora que se comprometa.
En Alacant, aunque no se ha hecho ninguna ocupación, la movilización estudiantil (300 estudiantes exigiendo diálogo al rector) ya ha forzado al máximo responsable de la universidad a sentarse con ellos para negociar que el referéndum que se quiere celebrar sea vinculante.
Petición de expulsión para 28 estudiantes de la UAB con un reglamento franquista
Los expedientes se remontan al desalojo de estudiantes por parte de los Mossos d'Esquadra el pasado mes de marzo
Si el rector acepta la propuesta de los instructores de expedientar 28 alumnos de la UAB con sanciones que van des de uno a once años de expulsión de cualquier universidad del Estado español, seria la primera vez que sucede en un universidad de los Països Catalans des del fin del franquismo (ha habido sentencias de expulsión en los últimos años en Madrid, Sevilla y las Canarias). La notícia se supo el viernes 28, y los expedientados disponen de 5 días para recorrerla. Entonces, el rector tendrá 20 días para decidir qué hace. A pesar de este plazo teórico, los expedientados creen que la decisión del rector puede tardar más. Todo este proceso se hace en base al reglamento franquista de 1954 todavía vigente.
Marina Guino, una de las expedientadas, explica a L´ACCENT que el rectorado dice que está abierto a la negociación: "Aún así, dan a entender que su decisión depende de nuestro comportamiento político estos días. Pero nosotros lo que decimos es que la retirada de los expedientes no la deben supeditar en caso alguno a nuestra acción política. Y además, también decimos que es una cuestión colectiva, es decir, que o retiran todos los expedientes o ninguno, que no ofrezcan soluciones individuales".
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