GARA

Los trece jóvenes vascos arrestados en diversas operaciones preventivas en 2003 y que desde ayer están siendo juzgados por la Audiencia Nacional española negaron durante la sesión las acusaciones que les imputa la Fiscalía.

En el banquillo se sentaron Ikerne Indakoetxea, Ramón López, Regina Maiztegi, Zugaitz Izagirre, Maider Egiguren, Carlos Martin, Alberto González, Gorka Iriarte, Galder Bilbao, Iker Casanova, Arantza Martin, Javier Gil y Mikel Garaiondo. Fueron arrestados entre octubre y noviembre del 2003 en dos de las siete «redadas preventivas» realizadas en Euskal Herria bajo el argumento de que sus nombres aparecían en la documentación incautada por la Policía francesa a presuntos «responsables de captación de ETA».

Pese que algunos de los acusados aceptaron haber recibido algún tipo de emplazamiento para colaborar con la organización armada, explicaron que no la aceptaron. Otros desmintieron haber recibido cualquier oferta para entrar en ETA.

Ninguno de los jóvenes respondió a las preguntas del fiscal ni a las de la acusación particular, ejercida por AVT, en la sesión que se desarrolló durante la mañana de ayer. Mientras, a preguntas de la defensa la mayoría de los jóvenes recordó y denunció el trato recibido de la mano de la Policía española en los cinco días que duró la incomunicación.

De siete a diez años

Estos jóvenes se enfrentan a una petición fiscal que oscila entre los siete y los diez años de cárcel. La petición más elevada es por un presunto delito «de integración en ETA» del que acusan a Ikerne Indakoetxea, Ramón López, Zugaitz Izagirre y Carlos Martín, mientras que para el resto solicitan siete años por «colaboración».

La sesión de ayer finalizó hacía el mediodía y no se retomará hasta el lunes con las declaraciones de los instructores y secretarios que participaron en las declaraciones policiales.

Diez de los acusados pudieron poner rumbo a Euskal Herria nada más finalizar la sesión, pero no fue el caso de Mikel Garaiondo, Gorka Iriarte e Iker Casanova, que se encuentran en prisión por otras causas y, por lo tanto, participan en este juicio desde la «pecera».

Los que sí volvieron lo hicieron arropados por decenas de vecinos que acudieron a Madrid a respaldarle, y harán lo mismo en las siguientes sesiones, ya que durante todos los días que dure este juicio un autobús partirá desde Euskal Herria para estar junto a los acusados en el tribunal especial.

El total de ciudadanos vascos arrestados en todas la redadas denominadas como preventivas incluso por las autoridades españolas, y que se desarrollaron entre 2003 y 2005, asciende a 116. La mayoría de ellos, además de ser arrestados, denunciaron haber sido torturados antes de encarcelarlos.

Juicio en París

Por otro lado, durante el juicio contra los zestoarras Julen Eizagirre y Angela Aramendi celebrado ayer en París, y para quienes el fiscal reclamó penas de entre 13 y 15 años de cárcel, una persona del público se levantó y mostró un cartel que decía «Maurice Papon, juzgado por crímenes contra la humanidad fue condenado solamente a 10 años».

Esta persona permaneció durante un minuto levantado hasta que la Policía le quitó el cartel y le obligó a sentarse, pero el juez no lo expulsó de la sala.

Decenas de agentes sociales de Nafarroa han exigido tanto a la Audiencia Nacional como al Estado español en general que suspenda este juicio por «ser injusto y carecer de base jurídica». Además, con el fin de mostrar su solidaridad a los encausados, en especial a los navarros Ikerne Indakoetxea y Ramón López Cid, han convocado una manifestación para el sábado en la capital navarra. La marcha -bajo el lema «No a la tortura, no a los juicios políticos, sí al posible desarrollo de todos los proyectos»- partirá a las 17.00 desde la antigua estación de autobuses.

Como refleja el lema escogido, la suspensión del juicio no es la única exigencia de estos agentes. Tal y como recordaron en la nutrida comparecencia realizada por la mañana en Iruñea, la mitad de las personas arrestadas en las redadas preventivas denunció haber sufrido torturas, por lo que reclaman la derogación de la incomunicación ya que entienden que es ésta la que posibilita la tortura.

Los agentes firmantes, entre los que se encuentran las peñas de Iruñea, Indar Gorri, Salhaketa o Andrea, entre otros muchos, opinan que «se detuvo de manera preventiva a personas comprometidas, porque a lo mejor, en un futuro, podían cometer algún delito».

Cerca de un centenar de vecinos de Altsasu denunciaron este juicio, al igual que en Oiartzun.