Chile durante toda su historia ha sabido lo que es vivir bajo el imperio y dominación externa. Primero con la invasión Española, después los ingleses y luego con los Yanquis.

Con tanta visita extranjera que trae “buenas intenciones” hemos sido invadidos y despojados de nuestras riquezas naturales. Hoy con la complicidad muda de nuestras propias autoridades y poderes fácticos.

Dichas invasiones no sólo nos han puesto en un nivel de patio trasero del imperio si no también nos han sometido a un sistema político económico crudo y deshumano que crea tremendas desigualdades dentro de la población chilena, cuestión inaceptable, más aun considerando que Chile no solo posee un territorio basto en belleza, si no también es rico en recursos naturales cotizados a muy bajo valor por los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Siendo fiel al Capitalismo Neoliberal y obediente a las órdenes del Imperio, hoy el gobierno de la Sra. Bachelet se ha convertido en el más acérrimo enemigo de “la copia feliz del edén” El saqueo suma y sigue en manos del actual gobierno y aquello es una política continuadora de la dictadura de Pinochet robando las tierras de los Mapuches. El actual gobierno de la Concertación es la expresión materializada del militarismo asesino que día a día cobra nuevas victimas.

Desde el Ministerio del Interior se informa de los nuevos enemigos internos que con sus acciones “Terroristas” intimidan y ponen en peligro la tranquilidad del país, Los medios de comunicación no se han quedado atrás en difundir tan hipócritamente los mensajes deformadores del Gobierno, guardando absoluto silencio ante el atropello de los derechos humanos contra el pueblo Mapuche.

Pareciera ser que las justas causas mapuches ponen en peligro la institucionalidad Chilena y la credibilidad de la gobernabilidad, aquella administrada por la Concertación aliados a la derecha para mantener la “democracia” importada e impuesta por EE. UU. y seguir adelante con las políticas capitalistas y neoliberales que fomentan la propiedad privada siempre al alcance solo de los grandes empresarios Chilenos y trasnacionales extranjeras.

Ya en Diciembre de 1953 : Se realizó Primer Congreso Nacional Mapuche en Temuco, donde se formó la “Asociación Nacional Indígena de Chile”, con la participación de 63 delegados de organizaciones Mapuches desde Concepción – Arauco (actual VIII Región) hasta Chiloé (actual X Región). El Congreso enfatizó la lucha por la recuperación de las tierras usurpadas o robadas a las comunidades indígenas y un conjunto de medidas tendientes a regularizar el problema de las tierras indígenas; así como por la Reforma Agraria, que solucionara integralmente el problema de la tierra se agregaban varias reivindicaciones de carácter político general (libertades públicas); luchar contra la “oligarquía terrateniente y sus sirvientes”.

Conferencia Nacional de Trabajadores Agrícolas (Diciembre de 1954) : Convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas, se realizó en Santiago. La Conferencia “aprobó por unanimidad el proyecto de Reforma Agraria presentado por la Federación” (33 Artículos) en el que se establecían los objetivos de la reforma y la estructura administrativa para llevarla a cabo.
Según el proyecto, se expropiarían “sin indemnización las tierras pertenecientes a los grandes terratenientes, dejándoles a los antiguos propietarios la cantidad que necesitan para vivir”. Los indígenas recibirían las tierras y bienes que les hubiesen sido quitados y las tierras se entregarían a título gratuito .

En Octubre de 1959 : Segundo Congreso Indígena, organizado por la Asociación General Mapuche, se hizo en Temuco, en el cual se enfatizó nuevamente la reivindicación básica: la restitución de las tierras usurpadas por los fundos.

Todo este período da cuenta de la extraordinaria tenacidad y poder con que las clases dominantes buscaron impedir o frenar el desenvolvimiento de la organización del campesinado y de los pueblos indígenas.(Practica que se viene dando hasta nuestros días)

En la Década de los Años 60 : El movimiento campesino que se constituye en esa década tiene sus orígenes en los años 20. El movimiento campesino se constituye como un actor significativo. Adquiere la extensión, permanencia y significado político, que no había podido tener antes por la contención que logró el latifundio y su peso en la sociedad chilena

Hay que considerar que fue influido notoriamente desde los sectores urbano, mineros, políticos y sindicales. Existieron “oleadas” sindicales que coincidieron con espacios de apertura política en los años 20, 1938- 1939, 1945- 1946 y 1952- 1953. Sus momentos más altos estaban dados por el levantamiento por las tierras de Ranquil en el Alto Bío- Bío (en los 30) y por la Huelga de Molina (en los 50)

Con la elección de Eduardo Frei en 1964, se preparan las leyes para modificar la legislación existente en lo laboral y agraria Así en 1967 se dicta la ley de Reforma Agraria N°16.640.

El marco legal que se va avanzando más el clima político de reformas “en libertad”, acompañado de la lucha de las fuerzas de izquierda por acelerar el proceso, fueron generando una fuerte presión social de la lucha por la tierra.

Las primeras expropiaciones son hechas en la zona norte del país, Coquimbo- La Serena y son fuertemente resistidas por los empresarios agrícolas, algunos con figuración política en el pasado.

Las expropiaciones en el Gobierno de Frei tienen un alcance relativo llegando a 1.408 predios con 3.564.580 hectáreas (un tercio de la expropiación total). En este período se habrían constituido 826 asentamientos, con 6.019 socios con 20.811 familias asentadas.

La presión campesina se concentró en la zona central de Chile: región Metropolitana, O¨Higgins y Colchagua, Curicó, Talca y Ñuble. Por el Norte, más esporádicamente en Aconcagua y La Serena. La presión indígena se concentró en la zona mapuche, en Malleco y Cautín.

El Gobierno de Allende se inicia con esta fuerte presión y le da un giro intenso a su aplicación, duplicando la extensión expropiada anteriormente, aproximándose a los 10 millones de hectáreas en total, algo más de la mitad de la superficie cultivable de Chile.

Se da así un proceso de radicalización de la Reforma Agraria con la intensidad de las medidas gubernamentales, acompañado de un fuerte proceso de movilización rural. De las expropiaciones por fundo se pasa a las expropiaciones por zonas.

El programa de la Unidad Popular contemplaba 20 puntos básicos, que se consideraban parte de los cambios globales, junto con el desarrollo agropecuario. Todo el programa perseguía un camino de “transición al socialismo”

La Reforma Agraria asumió el impulso a las políticas de protección de los recursos naturales, reforestación y mejor aprovechamiento de las áreas de riego.

Toda la política rural de la Unidad Popular puede sintetizarse en cinco puntos:
1º Modificación del sistema de tenencia de la tierra.
2º Modificación del sistema de interrelaciones económicas entre la agricultura y el resto de la economía.
3º Participación campesina en el proceso de cambios.
4º Reorientación de la estructura productiva.
5º Superación de la postergación y segregación de grupos significativos como la población indígena y los comuneros del Norte chico (IV Región actual).
Entre 1971 y 1973, se expropian 4.401 predios con 6,6 millones de hectáreas.

El golpe de Estado de 1973 puso término al avance del proceso de Reforma Agraria y desde ese momento se inició la Contrarreforma Agraria con un proceso de devolución de las tierras a sus antiguos propietarios o su venta a terceros, el remate a precio vil de los inventarios de los predios reformados, acompañados de la represión a los campesinos e indígenas y sus dirigentes.

Es conocida internacionalmente la brutalidad de la dictadura, cuyas huellas todavía estamos conociendo (reciente informe sobre la prisión política y la aplicación de torturas con 35.000 casos empadronados).
La “normalización de las tierras” de la dictadura consistió en dejar el mínimo a los campesinos a quienes estaba destinada y lo que se intentó fue privatizar el máximo de ellas .

Hoy, siguiendo el modelo de mercado de la política general de la economía que se implantó en Chile en el Gobierno Militar, se continúa con el saqueo de las tierras a los Mapuches.

No solo se niegan a reconocerles el derecho de los territorios que les quitó Pinochet, sino que además se les roban los terrenos para entregárselas a las trasnacionales madereras, lo que ha ocasionado un conflicto entre las justas demandas territoriales y la continuidad del proyecto Pinochetista de privatización de ellas.

Siendo fiel a la política capitalista. El gobierno de la Sra. Bachelet sigue adelante con protección a la inversión privada, sea esta nacional o extranjera, sin regularización alguna y sin medir el impacto económico ambiental que aquellas “inversiones” dejan en desmedro de la sociedad y particularmente del pueblo mapuche, respondiendo siempre a la inhumana lógica de la libertad de mercado.

El discurso silenciador del gobierno para salvar a los grupos económicos con intereses en el territorio mapuche, no sólo consiste en reprimir: También, en unión con la derecha golpista, aplican una ley antiterrorista para dejarlos desarmados en sus justas demandas y reivindicaciones.