¿Cuántos colombianos hoy simpatizan con las FARC? ¿Si los hay, cuántos se atreven a decirlo? Y… si lo hicieran, ¿qué les pasaría?
Estas y otras preguntas me las planteo con ocasión de la entrevista que el domingo pasado (02.08.09) el presidente del Ecuador Rafael Correa le concedió a la periodista María Cristina Uribe de Noticias UNO. En esta entrevista Correa responde que ni él ni la justicia de ese país pueden perseguir a ningún ciudadano porque simpatice abiertamente con las FARC.
Así haya “libertad de conciencia” en Colombia - en teoría -, la verdad es que pensé muy bien el titulo de este artículo, ya que lo más seguro es que tenga en pocos días una boleta de captura tras de mí por “hacer apología del delito”. Eso, cuando menos. Pero bueno, ese es el riesgo de atreverse a opinar.
La “amenaza del terrorismo” - que el presidente Uribe prometió hace 7 años aniquilar en un año -, continúa siendo la justificación para profundizar la entrega de nuestro territorio y riquezas a los EE.UU. y para amarrarse al poder. En vez de resolverse, el conflicto colombiano es ahora una corrosiva y mortal herramienta del imperio del Norte para torpedear la integración de los países y pueblos latinoamericanos. En apariencia es un triunfo de la guerrilla, pero, no es así.
¿Por qué Uribe y el gobierno estadounidense han podido convertir un conflicto social y armado en algo absolutamente funcional a sus intereses? ¿Sólo depende de ellos? O, ¿del otro lado existen responsabilidades? Y… ¿cual es ese lado?
Del lado de la insurgencia claro que hay mucha responsabilidad. Su origen social – surgido al calor de la resistencia campesina - y su posterior conversión en una organización político-militar, no las exime de haber cometido errores colosales y crímenes injustificables. El principal error fue subordinar la política al fusil. Los medios (dinero, armas, territorio) se convirtieron en un fin en sí mismo. El pueblo quedó convertido en rehén de los contendientes armados (guerrilla-paramilitares-ejército oficial). La insurgencia armada (no sólo las FARC, sino también las demás guerrillas) – en muchos lugares – terminaron siendo verdaderos “ejércitos de ocupación”.
En los afanes de la guerra, “ganarse” el apoyo popular es algo muy difícil. Significaba actuar con paciencia, respetar la autonomía de las organizaciones sociales, valorar sus conocimientos y costumbres, aplicar métodos democráticos en su relación con las “masas”, y priorizar la educación, la formación de liderazgos, y los objetivos de mediano o largo plazo. La concepción militarista que llevó a la dirigencia fariana a creer que en 1998 se había alcanzado un equilibrio estratégico, que las negociaciones del Caguán sólo serían una etapa más de su ofensiva para “tomarse el poder”, deja ver su absoluto desconocimiento de las condiciones reales de la Nación neogranadina y del mundo, en general. Desde mucho tiempo atrás, su actitud había facilitado la aplicación de las tácticas de degradación del conflicto diseñadas por la CIA, ejecutadas a la perfección por los militares colombianos.[1]
Pero, los demócratas y revolucionarios colombianos, también tenemos una gran cuota de responsabilidad. Muy pocos alzamos la voz contra las concepciones y prácticas equivocadas de las guerrillas. En ese sentido, Francisco Mosquera, fundador del MOIR merece un reconocimiento. Hasta la hora de su muerte (1994) no se cansó de alertar sobre los peligros de esa práctica ignominiosa. Lástima que “Pacho” se enredó con la teoría que convertía al “social imperialismo soviético” en el enemigo principal de la humanidad, lo que hizo que el análisis concreto de la naturaleza de los errores de las FARC quedara supeditado a un contexto geopolítico mundial, en donde – por supuesto - según esa tesis, la guerrilla colombiana respondía a una agenda externa. Debido a ese desenfoque, sus análisis fueron tachados de sectarismo, y el debate no se profundizó a plenitud.
El verdadero problema, que era definir una estrategia de lucha que correspondiera a las condiciones históricas de nuestro país, no se trabajó – en su momento - con la suficiente seriedad. Y… todavía estamos en deuda. La inconveniencia táctica y estratégica de lanzar y sostener una guerra de guerrillas en Colombia terminó siendo motivo de enfrentamiento y sentencia de muerte al interior de los revolucionarios. Quien cuestionara la lucha armada era un ingenuo, un cobarde o un traidor. El mesianismo y voluntarismo – mal heredado del Ché – hicieron su fiesta. Las numerosas ejecuciones de sacrificados y lúcidos luchadores quedaron para la historia.
Por el otro lado, las desviaciones fueron tan enormes, que – por ejemplo - algunos importantes dirigentes del Moir y de otros grupos (especialmente en el departamento de Antioquia) se convirtieron en obsesivos “anti-farianos”, al grado que algunos de ellos actualmente son ideólogos y defensores de Uribe. El exterminio de las FARC se volvió la meta de sus vidas.
Es indudable que en nuestras narices se nos creció el problema. Era evidente que la guerrilla había perdido el norte ideológico pero muy pocos reaccionamos a tiempo. Había que reafirmar criterios básicos: los métodos de lucha - por más aguda que esté la guerra -, siempre deben colocarse al servicio del objetivo político, que no es otro que ganar a amplios sectores de la población. Se hizo exactamente lo contrario. Pero además, por darle prioridad a lo económico y militar, se acudió al secuestro, a la connivencia con el narcotráfico y se ayudó – posiblemente en forma inconsciente – a alimentar los cuervos que se les comieron los ojos. Se permitió que narcotraficantes se convirtieran en terratenientes (Magdalena Medio), que una vez obtuvieron poder territorial y económico se aliaron con el ejército y organizaron los primeros núcleos del más pavoroso paramilitarismo que haya habido en el mundo.[2]
Todavía es fuerte la idealización de la guerrilla colombiana. Especialmente en otras comarcas del mundo – incluidos Ecuador y Venezuela -. Muchos no entienden nuestra realidad. Las muertes de indígenas, las descaradas mentiras de las FARC, la degradante descomposición que existe en sus filas, y demás fenómenos que observamos a diario, para ellos son falsedades. Son parte de la guerra sucia, son inventos del enemigo, es el “manejo mediático del imperio y de la oligarquía”, dicen con convicción. Cuando los crímenes no se pueden ocultar, se intenta justificar lo injustificable afirmando: son “gajes del oficio”, “así es la guerra, es cruel y cruda”, o “la revolución no es como hacer un bordado” (Mao). El Pentágono los llama “daños colaterales”.
La realidad es que este conflicto no le sirve al pueblo ni a las luchas democráticas que se desarrollan en Colombia y América Latina.
¿Cómo salir de este atolladero? La rendición y entrega es el trofeo que desea Uribe, así sea para que al otro día aparezcan otros grupos armados alimentados por ellos mismos y financiados por el narcotráfico, como ha pasado con los “grupos emergentes” del paramilitarismo. La “seguridad democrática debe de ser una política de Estado”, dice Uribe; es decir, el conflicto es eterno. Realmente, ni a la oligarquía ni al imperio les interesa desactivar el conflicto. Ellos lo manejan, utilizan y controlan.
La insurgencia no tiene la capacidad política ni la necesidad de parar la guerra. Viven de ella, a su servicio, es su dinámica, fuerzas superiores los controlan y manejan. Es una forma de vida, un negocio, y para algunos – muy pocos – una forma de inmolarse por un ideal. La rebeldía idealizada llevada a extremos inimaginables. Un sacrificio a nombre de la “revolución”.
Para los pueblos es urgente y necesario parar la guerra en Colombia. Éste ya es un problema regional. Su solución está íntimamente ligada al problema del narcotráfico. El pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, los partidos políticos democráticos, deben alzar la voz y decirle al mundo que no podemos seguir siendo sacrificados por el impacto de una economía que responde al derrumbe moral del mundo desarrollado (drogadicción), a las necesidades económicas de Wall Street (mafias financieras), a los grandes productores e intermediarios de insumos químicos y armas, y a una dinámica criminal del comercio de estupefacientes que involucra a grupos de poder de una oligarquía sanguinaria como la colombiana. Y a otras.
La Minga, las víctimas del conflicto, las Centrales Obreras, y el conjunto del movimiento social colombiano deberíamos aprovechar el escenario de la reunión de los países de UNASUR (10.08.09) en Quito para pedir auxilio. La conquista de la Reconciliación y la Paz por vías pacíficas es nuestra consigna. Puede ser un buen escenario para hacer escuchar nuestras voces. Uribe no asiste porque no tiene cómo dar la cara.
Al fin y al cabo, la solución es regional e internacional. Pidamos ayuda. Solos no podemos
[1] Estrategia para los Conflictos de Baja Intensidad (guerra sucia, paramilitarismo, infiltración, etc.).
[2] Hay numerosos estudios de ese proceso. A pesar que las guerrillas peruanas cayeron en muchos errores similares a los de la guerrilla colombiana, Sendero Luminoso y el MRTA, en acuerdo con las organizaciones campesinas, nunca permitieron que los “narcos” compraran una sola hectárea de tierra. Si regularon y gravaron la comercialización de la hoja de coca e incluso de la base de clorhidrato de cocaína.
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