Todavía abundan los que no saben con exactitud en qué consiste la Convergencia Europea o Reforma de Bolonia, y lo que es todavía más desesperanzador: son muchas veces los propios estudiantes universitarios los que todavía deambulan perdidos entre la espesa niebla de la desinformación.
Sobre el papel, el objetivo principal de la Convergencia Europea es la posibilidad de homologar los títulos universitarios en toda Europa, propósito que, dicho sea de paso, es muy loable. Sin embargo, la reforma de Bolonia posee ciertos aspectos muy obscuros, y no es necesario ser un conspiranoico para advertir el peligro que supondrá su implantación. Empezaremos comentando los puntos menos polémicos y aumentando la intensidad de nuestra crítica hasta alcanzar el clímax con el tema de la financiación de las titulaciones.
1) Se establece un régimen de prácticas asistenciales obligatorias, de modo que el alumno debe asistir a la universidad un determinado número de horas a la semana. Este punto, para alumnos de titulaciones científico-técnicas, no posee una relevancia especial, puesto que la mayor parte de estas carreras ya contaban con prácticas asistenciales obligatorias. Sin embargo, para los estudiantes de alguna de las ramas de las llamadas "humanidades", educación, etc., las prácticas asistenciales se convierten en una especie de trabajitos en términos de "redacciones", "comentarios de texto", "exposiciones orales"... cuya finalidad se corresponde más con la voluntad de mantener al alumno en el aula que la transmisión de conocimientos. Hasta que empezara a gestarse este proceso de convergencia, la asistencia del alumno a las clases era libre. La forma de evaluar consistía, básicamente, en una "prueba objetiva" llamada "examen", y que a veces se compaginaba con la realización de trabajos (ensayos, monográficos, reseñas, etc.). El problema radica en que algunos alumnos se ven obligados a trabajar para pagar sus estudios, con lo cuál, la asistencia obligatoria a las prácticas (los llamados "créditos ECTS") dificultará que estos estudiantes puedan compaginar su actividad laboral y su labor académica. Para los alumnos que trabajen, existe algo llamado "exención de prácticas", certificado con el cual quedan exentos de la obligación de asistir a las prácticas. No obstante, este documento sólo se podrá conseguir presentando un contrato laboral. Quien hoy por hoy diga que desconoce el hecho de que estudiantes y profesionales, y en definitiva, todo aquel que desempeñe una labor remunerada no necesariamente posee un contrato y cotiza a la Seguridad Social vive en el País de Nunca Jamás o no está siendo sincero en su argumentación. La economía sumergida es una realidad tangible y aplastante. Esto no pasaría de ser un hecho asilado, si no fuera porque los estudiantes son un sector que sufre, especialmente, el trabajo ilegal, puesto que la necesidad de compaginar trabajo y estudios requiere unas condiciones laborales que raramente se ajustan a los convenios de cualquier sector de trabajadores profesionalizados. La exención de prácticas se otorga con la condición de que las horas semanales pertinentes para cumplir con el régimen de los llamados créditos ECTS se cambien por trabajo académico no asistencial, con lo cual, la situación del alumno que trabaje saldrá perjudicada en cualquier caso.
Problemas en relación a los créditos ECTS así como con respecto a los criterios de evaluación:
- No parece haber un criterio claro a la hora de evaluar atendiendo a los créditos ECTS. Es curioso que, mientras en algunas universidades o facultades dentro de la misma universidad llevan años introduciendo las prácticas ECTS en los programas y criterios de evaluación de las asignaturas, en otras ni siquiera se ha oído hablar del tema todavía, y no lo harán hasta su plazo máximo de implantación en el 2010.
- Estamos alejándonos del sistema de evaluación basado en el criterio de "examen" con o sin trabajos adicionales. El examen (criticado erróneamente por amplios sectores del alumnado) representaba la prueba objetiva que garantizaba discernir entre los alumnos que habían adquirido los conocimientos exigidos por el profesorado en igualdad de condiciones. Ahora, sin embargo, el alumno verá disuelta su nota final de cada asignatura entre exámenes, trabajos y prácticas, obligándole a mantener un rendimiento absoluto cada uno de los días que dure su período de evaluación (cuatrimestral o anual) si no quiere ver mermada su nota media.
- Si en 1784 Kant escribía en su artículo "¿Qué es la ilustración?" acerca de la autoculpable minoría de edad de la humanidad, la autoculpable dependencia de los hombres de los dictados absolutos de otros hombres respecto a lo que los primeros debían hacer y pensar, los criterios de la Reforma de Bolonia proponen un seguimiento individualizado de un alumnado que ya dejó muy atrás, sus tiempos imberbes. Los criterios individualizados de evaluación sólo tienen sentido si se acepta que los estudiantes universitarios no están capacitados para organizar sus actividades académicas en función de unos criterios objetivos de evaluación. En otras palabras, un tutelaje individualizado de cada alumno por parte del profesorado, necesariamente, presupone que los estudiantes no somos responsables... no somos mayores de edad. No parece que vayamos a disfrutar de una época demasiado ilustrada con la Convergencia Europea.
- Para aquellos alumnos que estén obligados a trabajar para pagar sus estudios (ante el más que insuficiente sistema de becas que padecemos en España), la única opción posible será la de estudiar en la UNED; Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin embargo, para todos aquellos estudiantes que sufriremos el cambio y que podríamos plantearnos hacer el traslado de expediente para poder continuar nuestros estudios en la universidad a distancia, nos encontramos con que el sistema de convalidaciones anula prácticamente nuestros expedientes académicos, perdiendo gran parte de las asignaturas cursadas en nuestras respectivas universidades. Por otro lado, se pierde la libertad que existía en España de elegir universidad libremente. Para todos aquellos cuyas familias no pueden costearles su dedicación completa a los estudios no existirá tal opción.
2) Las titulaciones se igualarán bajo el nombre de "grado", en el cuál, se disolverá la antigua diferencia entre "diplomaturas" y "licenciaturas". Con el grado parece establecerse un curriculum académico basado en conocimientos generales que se concretizarán en el "postgrado", el cuál consistirá en un Master bastante caro (entre 1200 y 2000 euros en España, frente a los 200-300 euros en Alemania, por ejemplo) y, si no me equivoco, no sujeto al régimen de becas y ayudas. Quien no desee realizar el Master contará con el grado que, sin embargo, le servirá de bien poco. Para aquellos que aspiramos a dedicarnos a la enseñanza secundaria una vez hayamos finalizado nuestras titulaciones universitarias, no podremos hacerlo sin pagar el Master, puesto que el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) desaparece. Quien siga manteniendo que esto no implica un retroceso en lo que se refiere al derecho de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, a recibir una educación superior universitaria, una de dos: o es un iluso, o en realidad apoya una educación pseudo-pública o privada, elitista y que, ya no estará al alcance de todos (si es que alguna vez lo ha estado completamente).
Otra polémica respecto a este punto reside en que se está hablando, desde las élites rectorales que pretenden implantar esta reforma sin escuchar a los que tendremos que sufrirla, de establecer una nota de corte para acceder al Master. Esto implica que muchos alumnos que, por cosas de la vida, no hayan podido superar dichas notas mínimas para acceder al postgrado, tendrán sus grados aprobados, y con ellos, una mano delante, y otra detrás, tendrán que enfrentarse al apasionante mundo del mercado laboral con unos títulos universitarios en los que habrán empleado de 3 a 4 años de su vida (como mínimo) y que, sin embargo, no les servirán de gran cosa.
3) La forma en la que se financiará la "educación pública" (que, si os fijáis, ya no es tan pública, pero que seguirá haciéndose llamar así, por cuestiones estéticas y propagandistas) será la tan fiable y desinteresada inversión privada. Pero no acaba aquí la problemática, pues se ha dicho que el Estado financiará las carreras que más financiación privada reciban (aunque parezca contraintiutivo y viole los principios del más puro y simple sentido común). A cambio de que las empresas bendigan a las titulaciones universitarias con sus dineros, tendrán voz y voto respecto a los conocimientos que, en las distintas áreas, deben recibir los alumnos para que sus capacidades se ajusten mejor a las demandas de las empresas en las que, en un futuro, desempeñarán sus trabajos.
Problemas que plantea y planteará, según lo expuesto, la reforma en la financiación de la educación superior:
- No parece demasiado inteligente (o desinteresado), si educar a los ciudadanos que desempeñarán cargos de interés para la sociedad es lo que se quiere, dejar parte de los contenidos de conocimiento que han de formar a los alumnos a merced de las exigencias cambiantes del mercado y el afán de lucro del sector privado, siempre al servicio de la divisa que reza: "obtener el máximo beneficio a partir del mínimo coste".
- Algunas titulaciones, sencillamente, desaparecerán. No es ningún secreto que se van a suprimir algunas carreras, lo que no es admitido abiertamente es el hecho de que seguirán desapareciendo otras que, hoy por hoy, consideramos vitales para formar personas capaces y críticas. ¿Quién querrá financiar Filosofía, Historia y otras ramas de las siempre maltrechas humanidades? ¿Qué intrépidos empresarios invertirán en la formación de estas materias tan poco rentables a medio-corto plazo? Podemos suponer, que estas disciplinas no desaparecerán inmediatamente, y seguirán viviendo del subsidio del Estado. No obstante, basándonos en el método de prospectivas sociológico, a través del cuál podemos aventurarnos a predecir el futuro, atendiendo no a oráculos o revelaciones divinas, sino a las más que de sobra conocidas reglas del mercado y la política económica, está bastante claro que estas indispensables disciplinas del conocimiento humano empezarán a ser molestas a los ojos de un sistema que estará encantado al ver cómo titulaciones del tipo de "Administración y dirección de empresas" se financian prácticamente solas.
Hace mucho tiempo que los políticos, de uno u otro color, encargados de diseñar leyes politizadas de la educación se quejan de la cantidad de alumnos, especialmente aquellos procedentes de la rama de humanidades, que se aprovechan de los recursos de la financiación pública (aunque paguen sus respectivas matrículas, no tan baratas, por cierto) para engrosar las listas del paro al finalizar sus estudios. El error de todos estos empecinados fanáticos del criterio utilitarista ha sido, en lo que se refiere a esta reforma, plantear el problema al revés: No son las titulaciones las que tienen que adaptar sus conocimientos a las exigencias del mercado y sus criterios de productividad, sino que, como en el caso de Inglaterra (que posee un sistema más abierto de acceso a puestos de trabajo relacionados con las capacidades del aspirante al puesto), debería ser las sociedad, el sector privado, etc., el que debiera haber aprendido a sacar partido a los amplios conocimientos de los alumnos de, pongamos el caso, por ser las más afectadas, las maltrechas humanidades. El problema es que tenemos un sector privado donde los empresarios controlan flujos de información, invierten en I+D a un nivel de complejidad y sofisticación exorbitante y, sin embargo, para otras cuestiones siguen criterios propios de los tiempos de la Revolución Industrial. Para ser justos, diremos que esto estaba empezando a cambiar, pero no tanto como debiera. El sistema sigue siendo el mismo: o el joven en cuestión posee conocimientos sobre macro y micro-economía, o sobre procesos tecno-científicos muy precisos, o debe vender su fuerza de trabajo como precarios asalariados en sectores como la construcción o el turismo (trabajos tan dignos como cualquier otro, pero para los que los universitarios no han empleado gran parte de su juventud adquiriendo formación). También posee la opción de realizar un módulo o ciclo formativo de dudosa salida laboral y con el que, probablemente, seguirá desempeñando una función laboral "desde abajo" de cualquier proceso de producción especializado.
Estamos aquí, dando por válida la hipótesis de que Historia o Filosofía, por nombrar algunas de las titulaciones que se verán afectadas, son importantes para la sociedad. No podremos dialogar razonablemente con alguien que no comparta este supuesto. Es un error refugiarse en la creencia de que estas disciplinas, por estar ligadas a la educación pública, son indispensables para gran parte de mandatarios en cuyas manos se encuentra el poder de diseñar leyes de educación y fijar los criterios por los cuales una sociedad adquiere sus conocimientos y sus individuos formados. En numerosas ocasiones, los que nos dedicamos al estudio de estas titulaciones hemos tenido que manifestarnos y emprender actos de crítica social o desobediencia civil con el fin de paralizar leyes que mermaban nuestro papel en la educación en particular y en la sociedad en general. Viajamos hacia el horizonte de una sociedad compuesta por técnicos, de entre los cuales abundarán los "técnicos en minucias", y en la que, cada vez, serán más prescindibles las disciplinas teóricas estrechamente relacionadas con la cultura y que permiten una labor crítica, práctica y con un amplio campo de jurisdicción intelectual.
Por último, ciertos rectores y decanos están advirtiendo sobre el hecho de que no se dispone de fondos de financiación para gestar el cambio exigido por la Convergencia Europea. Puesto que las autoridades y cargos políticos y educativos que aplauden la reforma no parecen estar dispuestos a ceder, nos aguardan años en los cuales sufriremos una educación no sólo mercantilizada y un tanto más elitista, sino también precaria y carente de posibilidades efectivas de financiación.
La implantación de esta reforma se ha estado preparando con el consentimiento borreguil de un alumnado aletargado y abrumado por sus hábitos de consumo. Más preocupado por tener un teléfono móvil con bluetooth, un i-Pod y una consola con juegos que le permitan fugarse de la realidad a toda prisa que por ejercer una labor crítica respecto a procesos políticos y económicos que afectan a toda la sociedad. Las elites partidarias de una educación a la boloñesa han contado con el beneplácito del consentimiento bajo el principio según el cuál: "el que calla, otorga". Sólo ahora, después de, aproximadamente, una década de preparación de la reforma, cuando el alumnado ha visto la inminencia de la fecha de implantación de este despropósito que es la Convergencia (o como algunos la llaman ya, la "Divergencia" o "Desconvergencia"), ha reaccionado haciendo escuchar sus críticas. Y es precisamente ahora cuando los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona han sufrido la brutal represión policial al manifestar pacíficamente sus más que razonables críticas y demandas.
Por las razones aquí expuestas, y otras más que nunca dejaremos de aportar, denunciamos la Convergencia Europea ante el juicio del sentido común y el principio de igualdad de oportunidades, pilar fundamental de la democracia, al menos en la forma que está planteada desde instancias europeas cuasi inapelables, ante las que los estudiantes nos sentimos como si anduviéramos matando dinosaurios con tirachinas.
Existen tantas vías para la homologación de títulos (principal objetivo de la Convergencia, al menos sobre el papel) como podamos imaginar desde la sensatez. Que no nos hagan creer que la única forma de lograr que los estudiantes puedan hacer servir sus títulos en toda Europa pasa por aceptar la Reforma de Bolonia. La homologación de títulos a nivel europeo y la financiación pública de las universidades son dos temas que no deberían solaparse, puesto que no tienen absolutamente nada que ver entre sí.
Nuestra única opción es la unión de todos y cada uno de nosotros, los que todavía apoyamos, desde los principios de la democracia y la sociedad civil, una educación en términos de igualdad de oportunidades.
Ha llegado la hora de que hagamos oír el lema de Kant: "Sapere aude" (atrévete a pensar), y que rechacemos esta reforma que nos tratan de imponer las elites políticas y educativas contra los intereses de una sociedad verdaderamente democrática.
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|