El plan Bolonia se enmarca dentro de un marco estratégico que apunta sin complejos hacia la liberalización del sector servicios (liberalización respecto al Estado, lo que implica la privatización bajo manos empresariales). En 1995 la OMC crea un Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) cuyo objetivo es “liberalizar el comercio de servicios” (entre los cuales se encuentra la educación) y en el que resaltan que “la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados”. Las consecuencias últimas de esta lógica no son difíciles de prever.
La ANECA nos demuestra lo cierto de estas afirmaciones, al afirmar que “el capital humano, la educación y la investigación son factores fundamentales de competitividad y desarrollo”, por lo que “la OMC tendría que afrontar el tema del libre comercio del conocimiento, que hoy es un recurso transnacional y es algo que afecta directamente a la organización del servicio público de la Educación Superior”. Recordemos que la ANECA es la encargada de asesorar sobre los nuevos planes de estudio y de aprobarlos.
Estos planes que a nivel mundial establece la OMC se aplican en Europa mediante la Unión Europea, que elaboró para ello el plan conocido como Estrategia de Lisboa. Ésta se propone convertir a la UE en “la economía más competitiva del mundo antes de 2010” y para ello es necesario rentabilizar la educación y la universidad aumentando los beneficios, disminuyendo costes y en general poniendo la universidad al servicio de los intereses empresariales (investigaciones con fines privados, prácticas sin remuneración, formación precaria de trabajadores).
El principio de la construcción efectiva del EEES parte en 1999 de los encuentros de ministros europeos de educación en la universidad de Bolonia, de la que sale la famosa declaración. En el Estado español la pauta a seguir la marca al año siguiente el Informe Bricall, realizado a petición de la Confederación de Rectores (CRUE), de la cuál forma parte el rector de la Universidad de Extremadura, en la cual participaron varios empresarios. Además, este informe fue financiado por entidades como el BSCH y Telefónica. Una de las conclusiones principales del Informe Bricall fue que “se deberá valorar más los resultados económicos que la formación teórica en la investigación superior”.
En la Universidad de Extremadura encontramos ya proyectos de investigación con hasta el 50% de participación por parte de empresas y gran cantidad de servicios a cargo de empresas privadas (redes inalámbricas, servicios de vigilancia, limpieza, copistería…). Los convenios con empresas han aumentado en los últimos años (Banco Santander, Toshiba, Universia, Caja Extremadura…) aumentando el tejido empresarial en la UEx hasta un 50%. Según el vicerrector de Investigación de nuestra universidad, Juan Manuel Sánchez Guzmán, han incrementado el capital conseguido mediante acuerdos con empresas. De este modo, los investigadores de la UEx “están siendo capaces de dar soluciones y respuestas a las demandas de los empresarios de la comunidad autónoma”. Con estos ejemplos podemos ver el significado práctico que tiene para ellos la palabra “sociedad”, fácilmente intercambiable por “grandes empresas” si uno profundiza en los documentos oficiales y el contexto político-económico del proceso. Para nuestro rector, Francisco Duque, “hay que abrir las puertas de la universidad de par en par para que vengan más empresas”.
Asamblea No a Bolonia Extremadura
(a partir de la extraordinaria labor de investigación y
documentación del grupo de estudiantes contra Bolonia de Sevilla)
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