El capitalismo se encuentra, en estos momentos, sumido en su crisis más profunda desde 1929. Las principales economías han entrado en recesión y la gigantesca burbuja especulativa construida entorno a la Bolsa y la financiarización de la economía se ha volatilizado de forma traumática. El Estado Español, por supuesto, no es una excepción, sino todo lo contrario: uno de los escenarios principales de la descomposición socioeconómica contemporánea. Con la paralización de su mercado inmobiliario (que había centrado gran parte del crecimiento anterior de su economía), el desempleo amenaza con alcanzar cotas de una magnitud inédita, haciendo entrar a la sociedad española en una dimensión desconocida.
Es en estas circunstancias que, ante el fracaso de las recetas puestas en marcha por el gobierno contra la crisis, el fantasma de una nueva (y drástica) reforma laboral vuelve a planear sobre el tejido social. Con un sindicalismo mayoritario adocenado hasta niveles increíbles, tal receta puede llevarse a la práctica en cualquier momento. Por mucho que no quiera reconocerlo Zapatero, el muy posible fracaso del paquete entregado a los Ayuntamientos (darle dinero a los ayuntamientos es como poner a la zorra a cuidar del gallinero) a la hora de revivir el crecimiento económico, junto a la no ruptura conceptual con el universo neoliberal y la atonía de la clase obrera llevarán en esa dirección.
Pero empecemos por el principio. Si puede plantearse, como se está haciendo, la moderación salarial o la reforma laboral como medidas anticrisis es porque, en definitiva, el neoliberalismo no sólo no está muerto sino que goza realmente de muy buena salud. Porque la esencia real del neoliberalismo no es tan solo la ausencia de regulación estatal o la globalización de la economía (ya hemos visto como las economías centrales han mostrado siempre un alto intervencionismo estatal y han sostenido siempre medidas proteccionistas en referencia a los sectores económicos que les han interesado) sino una idea fija que se defiende contra viento y marea: como la tasa de ahorro de los ricos es menor y su tasa de inversión mayor, es preferible que estos obtengan una parte mayor de la renta nacional, pues así reinvertirán en la economía productiva lo que les sobra, generando crecimiento y puestos de trabajo. La falacia ínsita en esta perspectiva es mayúscula: en una situación de clara sobreproducción desde los años 70, la tasa de rentabilidad de las actividades productivas se ha mantenido muy baja en el sistema capitalista. Los ricos han preferido reinvertir su dinero en garitos como el del ya famoso señor Madof donde, jugando a las pirámides con información privilegiada, les daban una rentabilidad mucho mayor sin producir nada. El resultado final lo tenemos ante nuestras narices. Por eso los ricos (por ejemplo, los banqueros) no van a reinvertir en la economía real el dinero que se les ha regalado: ahora tienen que rellenar agujeros y además, en todo caso, la especulación financiera ha venido dando rentabilidades mayores que la producción.
Pero lo cierto es que en la coyuntura actual, donde el subconsumo se convierte en el centro de la crisis, se plantea concentrar aún más en los ricos el reparto de la renta. Y una de las maneras de hacerlo es precisamente (ante los fallidos intentos anteriores) la reforma laboral.
Una reforma laboral que se sustentará en el marco teórico de llamada flexiseguridad, desarrollada estos últimos años como modelo de producción del Derecho del Trabajo, reconvertido en instrumento de gestión del empleo. Dicho concepto dice aunar una mayor flexibilidad en el trabajo junto a una mayor seguridad de empleo (que no en el empleo) para el trabajador.
Respecto a la flexibilidad, como siempre, la insistencia es enorme. Ya hemos oído, en los medios de comunicación, las propuestas patronales y del gobierno en torno a ella:
Respecto de la “flexibilidad de entrada” en el empleo, se hacen cada vez mayores las exigencias de una reestructuración en profundidad de los modelos de contratación para hacerlos aún más funcionales para el empresariado. Concretamente (y tal y como se había indicado en las últimas Directrices para el empleo comunitarias) se habla de reformar nuevamente la contratación a tiempo parcial, pretendiendo ignorar que si la misma no presenta el mismo éxito en cuanto a porcentaje de contratos realizados que en Europa, ello tiene que ver más con los bajos salarios que comporta en nuestro país que con otras cosas.
Respecto de la “flexibilidad de salida”, se ha transformado en los últimos años en el auténtico caballo de batalla del concepto de la flexiguridad y las pretensiones patronales en nuestro país. Alcanzado el objetivo del despido libre “de facto”, lo que ahora se quiere obtener es, sin más, el despido gratuito, sin indemnización, gasto privado que se pretende derivar para su cobertura pública o, quizás ante la nueva situación marcada por la crisis, para que no sea cubierto en absoluto.
Respecto de la “flexibilidad interna”, esto es, flexibilidad funcional y horaria, se pretenden nuevas cotas de profundización en la movilidad, tanto funcional como geográfica, aparejada al contrato de trabajo; así como un desarrollo aún mayor de los mecanismos de alargamiento y flexibilización de la jornada laboral. A este respecto, resulta claramente prematuro echar las campanas al vuelo por la retirada de la Directiva comunitaria de las 65 horas: en la negociación subsiguiente entre Parlamento Europeo y Comisión pueden producirse muchos desaguisados. Ya vimos como el Senado norteamericano rechazaba el primer plan de rescate bancario para aprobarlo posteriormente con ligeras modificaciones.
Y respecto a la seguridad, implicada también en el marco de la flexiguridad, es posible que incluso se realice alguna reforma en la cobertura del desempleo, ante la situación extrema en que pueden empezar a quedar los parados a partir de ahora, pero principalmente de lo que se tratará es de reformar los mecanismos de “activación” de los mismos. Es decir, de obligarles a aceptar cualquier trabajo que se les quiera ofrecer.
Así pues, el marco básico de una nueva reforma laboral está servido, basado en la idea fija de aumentar los beneficios empresariales, abaratando los costes en trabajo, para que así estos beneficios se reinviertan en la actividad productiva.
Sin embargo, en realidad esta receta no puede ser más que contraproducente para una salida coherente y democrática de la crisis: sólo aumentando la parte de la renta nacional en poder de los trabajadores puede aumentarse el consumo y evitar, o al menos aminorar, la evidente situación de sobreproducción. Sólo eso puede tirar de la economía real, aunque aún no sabemos con qué límites y si, como afirman algunos autores, ya hemos llegado al punto donde la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la arquitectura social del mundo capitalista se ha vuelto irresoluble en su propio marco, sin una transformación social radical aparejada al decrecimiento económico ecológicamente sustentable.
Lo que sí parece claro es que, en estos momentos, la lucha por el aumento de los salarios y contra la reforma laboral, es la lucha por una salida más justa a la crisis, por otro reparto del pastel social y, ¿por qué no?, también por otro reparto de los medios de producción. A este respecto hay que empezar a plantearse la misma propiedad de la Banca.
La crisis sistémica general del capitalismo nos aboca a una situación de caos creciente. Dos salidas pueden entreverse en el horizonte: un crecimiento de la desigualdad y una centralización del poder sobre una mayor miseria de los más, o una deriva hacia la democracia real, el reparto equitativo de la renta y mecanismos más libertarios de relación social. En nuestras manos está la solución, aunque los últimos decenios de anomia nos hayan hecho dudar de nuestras propias fuerzas.
José Luis Carretero Miramar.
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