En 1993, el ayto de Gijón tuvo a bien editar y distribuir De la Locura a la Esperanza-Informe de la Comisión de la Verdad.
Con prólogo del Alcalde, Vicente Alvarez Areces, esa publicación recogía en papel los resultados de los trabajos de la Comisión de la Verdad en El Salvador, tras 12 años de cruenta guerra, y cuando se había logrado un Acuerdo de Paz entre insurgentes y gobierno.
Para el caso de Colombia esto aún no es posible. La guerra continua, pese a los numerosos requerimientos de paz, y otros Informes recogen los miles de testimonios, de las cientos de miles de víctimas, que hasta el momento, sólo han podido hacer eso: aportar sus trágicos datos para cuando en Colombia haya ocasión de articular una Comisión de la Verdad, y la guerra concluya, y la Reparación Integral a que las víctimas tienen derecho no les sea negada.
Para ese momento, para que el Olvido no pueda propiciar nuevas tragedias, todos los Informes serán útiles, y Asturias puede seguir aportando, siquiera mínimamente.
Desde finales del año 2001 el gobierno de Asturias ha financiado un exitoso programa de acogida temporal que ha permitido acoger a 52 personas, sindicalistas y defensores/as de los derechos humanos de Colombia, con alto riesgo probado de perder la vida o su integridad física.
El Ayuntamiento de Gijón ha sumado su aporte al Programa, aportando los pisos de acogida en la ciudad, y este año un complemento económico, y el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Oficina de Derechos Humanos.
El Ayuntamiento de Siero le ha otorgado su Premio DDHH del año 2006.
La sociedad asturiana y española es partícipe de esta experiencia solidaria a través de la Comisión de Organizaciones de Apoyo, compuesta por sindicatos, ongs. y comités de solidaridad con asiento en Asturias, y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, con sede en Madrid, que brinda su asesoría técnica jurídica al Programa.
Un componente del Programa, es la verificación anual de la situación de los derechos humanos en Colombia.
Con ese fin se atendió el llamamiento de las organizaciones sociales colombianas que piden verificar la situación de los derechos humanos en el 2008 como una continuación del trabajo de seguimiento realizado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y organizaciones asturianas que ya visitaron en los últimos tres años diversas regiones de Colombia, entrevistándose con testigos, víctimas, miembros de organizaciones sociales y políticas, comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, así como con autoridades civiles y militares.
La cuarta visita Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, se realizó entre el 23 de julio y 3 de agosto de 2008.
La constatación general es que los campesinos colombianos viven con miedo, así como las comunidades urbanas sometidas a acciones de guerra o de control, y que las víctimas de tantos años de guerra y de terror, son escépticas en cuanto a que algún día se haga justicia. También hay temor por los señalamientos y estigmatizaciones que altos funcionarios del Estado hacen contra sindicalistas, defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos, indígenas, afrocolombianos y opositores políticos, grupos que la onU considera población muy vulnerable.
El conflicto se origina en la inequidad en la distribución de la riqueza y en la exclusión social resultante, a pesar de las altas tasas de ganancia obtenidas por los empresarios nacionales y extranjeros.
Las manifestaciones más dramáticas de la injusticia social son la pobreza de la mayoría de la población y el conflicto militar, así como las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos contra la población civil y los grupos vulnerables. En condiciones de vida tan precarias, comienza a ser habitual las muerte de decenas de niños/as por hambre física, como pasa en el departamento del Chocó y en los tugurios habitados por desplazados en Barranquilla y en otras ciudades de un país con enormes riquezas naturales.
Aunque el gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez insiste en negar la existencia de un conflicto militar interno, destina gran parte de los ingresos de la nación al pago de gastos en defensa y en operaciones militares de gran escala, en las que resultan afectadas miles de personas civiles. A pesar de las pruebas contra la fuerza pública por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y varios gobiernos de Europa continúan apoyando y vendiendo armas al gobierno de Colombia, poniendo los negocios como prioridad por encima del respeto de los derechos humanos. La prensa nacional y extranjera oculta o desdibuja la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad.
En Colombia, a pesar de la imagen de seguridad que difunde el gobierno, cada dia ocurren las ejecuciones extrajudiciales, los bloqueos de regiones completas sometidas a desabastecimiento de alimentos y medicinas, los bombardeos indiscriminados, los censos ilegales, las amenazas de muerte, las desapariciones forzadas, los campos minados, el desplazamiento forzado y la tortura, hechos atribuidos en su mayoría a la fuerza publica y a su estrategia paramilitar, y en menor grado a las guerrillas.
Los grupos narcoparamilitares siguen existiendo y operando en coordinación con estructuras del ejército nacional y de la policía. Ahora dicen llamarse Aguilas Negras, Sicarios de Barranquilla, Mano Negra, o Los Rastrojos. En los días de la visita asturiana los grupos paramilitares desplegaban una operación que pretende el control de la población de Bogotá.
Estos grupos han logrado penetrar amplios sectores de los tres poderes públicos colombianos donde ejercen una influencia que pretende consolidarse como movimiento político y mantener en la impunidad miles de crímenes, legalizar las fortunas del narcotráfico y las producidas mediante el terror, junto con los aportes recibidos de las empresas multinacionales.
Las Audiencias de la Ley de Justicia y Paz apoyada por el gobierno de España, son un escenario más para la impunidad. Allí los paramilitares solo confiesan algunos crímenes a cambio de condenas máximas de 8 años de cárcel. No se arrepienten, ni dan datos que lleven a localizar a más de 15 mil desaparecidos por los paramilitares y por la fuerza pública. Las víctimas no tienen garantizado el derecho a conocer la verdad, sin la cual no habrá justicia, ni reparación.
Las empresas sobre las que pesan serias denuncias de las organizaciones sociales por violaciones de los derechos humanos y por tener relaciones o beneficiarse de la actividad criminal de los grupos narcoparamilitares en Colombia, son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Brtish Petroleum, Occidental Petroleum, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano y su filial Maderas del Darién, Urapalma, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3.
El negocio del narcotráfico incide de manera perversa, alimentando el conflicto militar e infundiendo en la sociedad antivalores ligados al autoritarismo y a la justificación del uso de medios ilegales, ya sea para hacer dinero, carrera política, o para defender al Estado y los derechos de propiedad de las elites.
La dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, entregó a la Comisión Asturiana datos del horror al que son sometidos los trabajadores en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical: 2.555 sindicalistas de la CUT han sido asesinados, 41 en los primeros ocho meses del presente año.
Colombia, con cerca de tres millones de desplazados internos, es también la mayor crisis humanitaria del mundo, peor que la de Iraq, República Democrática del Congo, Uganda o Somalia. Unas cinco millones de hectáreas de tierra despojadas con violencia a los campesinos, indígenas y afrocolombianos desplazados, han sido apropiadas por los paramilitares, sin que el estado los obligue a devolverlas.
También Colombia es el país del mundo con el mayor número de víctimas de minas antipersona. Durante el año 2007 las minas afectaron a 884 personas de las cuales 188 eran civiles y de ellas 51 niños/as. Hay minas en todos los departamentos del país con la única excepción de la isla de San Andrés y Providencia.
Los pueblos indígenas denunciaron que son perseguidos a muerte por las tropas oficiales en el Norte del Cauca donde ocupan latifundios para Liberar a la Madre Tierra, acción que pretende redistribuir el latifundio ocioso y recuperar territorios de los aborígenes usurpados por los hacendados. Diezyocho pueblos indígenas colombianos están al borde de la extinción, muchos de ellos bloqueados por las tropas y obligados a suspender las actividades cotidianas de caza, pesca y recolección de frutos; unos 15 mil indígenas son forzados cada año a abandonar sus territorios lo que implica su muerte física o cultural.
Continúa en manos de la guerrilla un número importante de secuestrados, rehenes y prisioneros, por lo que el intercambio humanitario sigue teniendo vigencia.
Los campesinos desplazados del Meta y en particular de la zona del Alto Ariari, han decidido regresar a sus tierras, pero están siendo perseguidos por el ejército nacional y varios ya fueron asesinados. Piden acompañamiento internacional y apoyo económico.
Los jóvenes de asociaciones de estudiantes de las universidades públicas de Barranquilla, Popayán, Pasto y Bogotá, que se oponen a la privatización de la educación superior, están movilizados y denuncian asesinatos, amenazas y persecuciones de grupos paramilitares y de fuerzas de seguridad del Estado dentro de las universidades.
En el Departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de la Palmira, numerosos representantes de las Juntas de Acción Comunal dieron testimonio del intento de apropiación por parte de Unión Fenosa de recursos naturales como el agua, coincidiendo con la llegada de grupos paramilitares.
El Informe de la Cuarta Visita Asturiana a Colombia, recomienda:
Al gobierno de Colombia: Acabar con la inequitativa concentración de la propiedad de la tierra, la riqueza y el ingreso; romper los lazos entre el narcotráfico y los poderes públicos, y entre los militares y los grupos paramilitares que deben ser desmontados en sus estructuras operativas y financieras; garantizar la devolución de las tierras, territorios y bienes usurpados a las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas; garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; ordenar a la fuerza pública el desbloqueo al que somete a las comunidades rurales; evitar la extinción de los pueblos indígenas; acabar con la impunidad y abrir espacios con las guerrillas para el intercambio humanitario y para una solución dialogada del conflicto militar.
A los grupos guerrilleros: cesar el minado de áreas de uso de la población civil, el reclutamiento de menores, el secuestro, la toma de rehenes y los ataques sobre la población civil.
A los gobiernos del mundo:
· Abstenerse de vender armas, de dar apoyo militar, logístico o de inteligencia al gobierno colombiano y estimular la equidad y una salida política del conflicto.
· Establecer mínimos en materia de derechos humanos y en la lucha contra la impunidad como condición para sostener relaciones comerciales y de cooperación con Colombia.
· Apoyar las misiones internacionales de veeduría, asesoría y monitoreo de la situación de los derechos humanos en Colombia.
· Establecer programas de acogida a personas perseguidas en Colombia por su labor de defensa de los derechos humanos.
Las violaciones de los derechos humanos en Colombia continúan. La veeduría u observación internacional, sigue siendo necesarias.
Este cuarto informe editado por el Ayuntamiento de Gijón es un gesto de solidaridad con los defensores de los derechos humanos de Colombia y expresión del compromiso del ayuntamiento con la defensa del derecho a la vida y la plena vigencia de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Esa es la esperanza, para contradecir la locura del presente colombiano.
Presentaciones del Informe:
-10 noviembre a las 13 hrs. Ayuntamiento de Gijón.
-11 noviembre a las 20 hrs. Casa Cultura, La Pola. Conceyu de Siero.
- 4 de diciembre. Madrid. CEAR
- 2 diciembre. Burgos. ISI.
http://www.pachakuti.org/(...)/co-4informe.html
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