50 personas se concentran en la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida como protesta porque seis miembros de la asociación Malvaluna, cinco mujeres y un hombre, deben declarar después de autoinculparse por haber abortado o acompañado a otras mujeres a interrumpir su embarazo.
Según informa la agencia Efe, la portavoz de la Malvaluna, Catalina Galán, precisa que en Extremadura se han presentado más de cien autoinculpaciones por abortos. Por ello, esta protesta se enmarca en la campaña iniciada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa a 20 asociaciones de 11 comunidades autónomas, en favor de la despenalización del aborto y en solidaridad con las mujeres y profesionales llamados en distintos juzgados españoles a declarar como imputadas de haber realizado interrupciones de embarazo.
Galán recuerda que se han presentado en los juzgados del país unas 16.000 autoinculpaciones en protesta por la campaña de "acoso" que recibieron algunas clínicas que practican abortos. Sin embargo, "y en contra del criterio mayoritario de los juzgados de toda España", los de Mérida decidieron que las personas firmantes sean llamadas a declarar ante la policía. Para Galán, esta situación es "muy grave" y pone de manifiesto el interés de algunos jueces por "llevar hasta el extremo las más restrictivas interpretaciones de la normativa".
Peticiones de las asociaciones de mujeres
Entre las peticiones de las asociaciones de mujeres contenidas en esta campaña nacional se encuentra la exigencia de la despenalización del aborto ya que entienden que la interrupción voluntaria de un embarazo corresponde al derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y, como tal derecho, "no puede estar regulado en el Código Penal", apostilla.
Igualmente, los colectivos de mujeres también exigen que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal y se elabore una normativa sanitaria que garantice su ejercicio.
Al mismo tiempo, reclaman la "normalización" del aborto como prestación en la red sanitaria pública, lo que significa que, de "forma urgente", se deberían adoptar medidas que garanticen que, en todos los hospitales públicos de todas las comunidades, se atiendan las demandas de las mujeres.
Para ello, solicitan que se regule la objeción de conciencia y se inicie la "normalización" de la formación de profesionales sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Finalmente, se exigen medidas que garanticen la educación sexual en el ámbito escolar y el acceso a la anticoncepción de urgencia, dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como la gratuidad de los anticonceptivos.
EL CASO DE EXTREMADURA.
Aprovechando su intervención, Catalina Galán ha indicado que las mujeres que han decido interrumpir voluntariamente su embarazo en Extremadura no pueden hacerlo en el Sistema Extremeño de Salud (SES) y se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades o a llevarlo a cabo en algunas de las clínicas privadas que existen en la región.
Y es que, según sus palabras, los médicos pertenecientes al SES se acogen a la cláusula de conciencia para no atender estos casos.
Por tanto, ha revelado que el siguiente paso de la campaña estatal será la presentación del estudio "Interrupción voluntaria del embarazo. El derecho de las mujeres a decidir".
Información extraída del Periódico Extremadura y de agencias informativas.
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