¿Estamos llegando al final de la función pública tal y como la hemos conocido? Probablemente sí. Como algunos cargos sindicales reconocen en privado, el escenario que se está manejando para dentro de 15-20 años es el de unas administraciones compuestas fundamentalmente por contratados laborales cuyos derechos serán iguales a los de los trabajadores del sector privado, y no por funcionarios de carrera que tengan asegurado el puesto de por vida.

Para  Eugenio Pérez de Francisco, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Nebrija, esto no será más que “la continuación de una tendencia que ya estamos viviendo, lo que se deja sentir en la contratación de empresas privadas, especialmente en las administraciones autonómicas, para llevar a cabo tareas que antes realizaban los funcionarios. La resolución final estará firmada por el jefe del servicio, pero todo el trabajo hasta llegar ahí lo han hecho trabajadores de una empresa privada”.

Como indica  Miguel Martínez Lucio, profesor de Human Resources Management de la Manchester Business School, aunque resulte muy difícil  que desparezcan los funcionarios, y más aún en España, “es más que probable que terminen subcontratándose buena parte de los servicios que prestan las administraciones, especialmente en sectores como contabilidad, informática o atención al público. Además,  existe una creciente industria transnacional  que se está organizando con la intención de captar el trabajo que se realiza en servicios de recogida de basuras, en información a la ciudadanía o en el cuidado de los ancianos, así como en diversos servicios sociales, por lo que es de esperar que la subcontratación de esa clase de tareas vaya en aumento”.

Para  María Blanco, profesora de Teoría e Historia Económica de la Universidad CEU San Pablo, el ejemplo de Suecia debería ser tenido especialmente en cuenta, en tanto señala el camino a seguir para conseguir que la Administración funcione. “Cuando en España hablamos de las maravillas del Estado de bienestar sueco, no solemos reparar en que  allí no hay funcionarios tal y como los conocemos, ya que no tienen el trabajo asegurado de por vida”. Ese es un aspecto fundamental para Blanco, ya que “sólo con cambiar esa condición, haciendo los contratos temporales y renovales, de forma que les pudiera echar en cualquier momento, se acabaría con los vicios del funcionariado actual y se reducirían en una enorme medida los males de la burocracia.  Y eso es algo que me parece factible y deseable”.

Demasiado control del Estado

En todo caso, para Pérez de Francisco es absolutamente imprescindible que la gestión de lo público comience a tomar otros caminos, “ya que  vivimos una exhaustiva e intolerable presencia del Estado en la vida particular. ¿Para qué queremos tanto control y tanta inspección?  En EEUU en hacer una sociedad limitada tardas diez minutos y el costo es de diez dólares; aquí lleva dos meses y una pequeña fortuna. Y así es en muchos ámbitos: una licencia para cualquier tema agrícola tarda dos años en ser concedida en Madrid. La presencia del Estado es insostenible bajo estos parámetros”.

Además, afirma Blanco recogiendo posiciones muy frecuentes en los ámbitos económicos, “hablamos de un colectivo de privilegiados.  El resto de los mortales dependemos de nuestra productividad y de la oferta y demanda de empleo mientras que ellos tienen un puesto de trabajo cautivo”. Y la base de estos privilegios, señala, “no está en los gastos superfluos, en la mala distribución del personal o en su exceso de dotación, sino en que no hay control de calidad ni evaluación real de la función pública. Cuando el Tribunal de Cuentas repasa los presupuestos, lo hace con dos años de retraso. Eso no es un control efectivo”.

Más allá de ese control del gasto a gran escala, Blanco entiende que tambiénse deben implantar mecanismos que permitan evaluar el rendimiento de los funcionarios  y valorar su productividad. Y esta es una idea que goza cada vez de más predicamento entre los gestores públicos españoles, muchos de los cuales están convencidos de su valía para mejorar la calidad del servicio público.

‘New Public Management’

Este tipo de métodos lleva tiempo desarrollándose en países como el Reino Unido, donde el NPM (New Public Management) ha sido el modelo de gestión típico en los últimos 20 años. Y el NPM quiere decir, entre otras cosas, evaluaciones anuales, mediciones del rendimiento individual, insistencia en los discursos de calidad y en la orientación al cliente, así como cambios organizativos que llevan a organizarse en pequeñas unidades que han de mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

Sin embargo, los resultados que está arrojando distan mucho de lo esperado. En primera instancia porque, como asegura Martínez Lucio, “ya que se mide el trabajo de los funcionarios a través de números y de niveles de rendimiento, estos tienden a actuar sólo cuando sus acciones van a tener incidencia en esos parámetros, lo que  lleva a una visión mucho más transaccional de su trabajo y con ella a una menor ética pública. También aparece una rotación muy elevada del personal, que cambia de trabajo con frecuencia, lo que  lleva a una menor lealtad y a una notable pérdida de conocimiento”. Así, señala Martínez Lucio, los objetivos que se buscaban con la reforma, como era la mejora en la motivación y en la calidad, han terminado por generar efectos contrarios, empeorando los servicios públicos. Y ello porque, en realidad,  esta gestión científica “no es más que el taylorismo que se utilizaba en los años 60 para gestionar las fábricas de automóviles pero llevado al terreno de los servicios”.

A pesar de los resultados, no parece que el gobierno británico actual vaya a cambiar de política de gestión. Y ello porque se piensa no sólo que es más barato, “lo que no es ni mucho menos cierto, y menos a corto plazo”, señala Martínez Lucio, sino que también es menos problemático, “porque se cree que se podrá manejar mejor a los funcionarios, al tiempo que se abre una puerta para futuras reestructuraciones”. Incide en este sentido María Blanco, para quien  las dificultades para hacer reformas en España vienen mayoritariamente causadas por unos funcionarios que se han convertido en un grupo de presión muy fuerte, siendo el sector donde más implantados están los sindicatos.

“Una huelga de funcionarios puede paralizar un país: están los médicos, los profesores, los que recaudan el IRPF…Como lo saben, si se empiezan a subcontratar servicios y a no hacer contratos temporales, viviríamos una enorme presión de este colectivo”. Y ese es el problema de fondo, asegura Pérez de Francisco, ya que “los políticos, para evitar ese enfrentamiento, no se atreven a afrontar el problema.  Echar a cien mil funcionarios, que sería vital, es prácticamente imposible. A ver quién se atreve a suprimir eso. Pero es algo a lo que habrá que enfrentarse porque hay un exceso notable de funcionarios. Y no sólo a nivel local. Sólo la Comisión Europea cuenta con 12.000, que perciben una retribución por encima de la media, que además está libre de impuestos”.

Sin embargo, pensar que las dificultades aparecerían sólo a la hora de llevar a cabo las reformas necesarias no es real si, como señala Martínez Lucio, nos fijamos en el ejemplo inglés. “Que los servicios se privaticen y que se subcontraten no implica, como se cree, que vayamos automáticamente hacia un sector no sindicalizado o sin comité de empresa. Si se analiza el sector aéreo, que era público, tanto en Inglaterra como en España siguen gozando hoy de altos niveles de sindicalización. Que desaparezca el funcionariado no quiere decir que vaya a disminuir la dinámica colectiva, y con ella la resistencia”.

Además la insistencia del New Public Management en discursos como el de la calidad “es fácilmente manejable por los sindicatos, que han hecho fuertes campañas criticando el descenso de la calidad a causa de la nueva gestión.Los sindicatos saben cómo dar respuesta a esta americanización gestora, con lo que tampoco desaparece la conflictividad”.