Vélez Loor incluso se crucificó en la CSJ-G para pedir justicia.
Los días 25 y 26 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer del caso de Jesús Tranquilino Vélez Loor.
El señor Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, fue arrestado por la policía panameña el 11 de noviembre de 2002 en la provincia fronteriza de Darién por ingresar de forma ilegal al país, y luego fue puesto a disposición de las autoridades de migración. Posteriormente, como resultado de un proceso del que ni siquiera tuvo conocimiento, sin poder defenderse ni ser informado sobre la posibilidad de recibir asistencia del consulado de su país, fue condenado a dos años de prisión por haber infringido la legislación migratoria en reiteradas ocasiones.
Jesús Vélez Loor estuvo privado de libertad durante diez meses para luego ser deportado, gracias a las gestiones del Consulado ecuatoriano al que finalmente logró contactar a través de un teléfono clandestino dentro de la prisión. Durante dicho periodo fue recluido en centros penitenciarios donde vivió en condiciones que contravienen los estándares mínimos en la materia y fue sometido a torturas.
El señor Vélez Loor no tuvo acceso a recursos que le permitieran denunciar los abusos cometidos en su contra por las autoridades panameñas, ni remediar en modo alguno su situación mientras estuvo en Panamá. No fue sino hasta que llegó a Ecuador que pudo interponer una queja en la Embajada de Panamá por las graves violaciones sufridas. Sin embargo, las denuncias de tortura interpuestas por Jesús Vélez Loor nunca han sido investigadas de forma seria y diligente hasta la fecha.
Las violaciones cometidas en perjuicio del señor Vélez Loor se enmarcan dentro de un contexto generalizado de discriminación y criminalización de la migración, como un intento fallido de procurar la disminución de los flujos migratorios, en particular aquellos irregulares. Además, por ser una persona privada de libertad y migrante, tuvo que enfrentar una doble situación de vulnerabilidad.
Este caso refleja la triste realidad de los migrantes latinoamericanos. Criminalizados por el simple hecho de ser indocumentados, detenidos ilegalmente, o deportados de forma inmediata y forzada sin tener la posibilidad de defenderse.
Siete años después de su Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, este caso brinda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una oportunidad histórica de concretar los principios que estableció en el año 2003. Es necesario que este Alto Tribunal se pronuncie, a través del caso del señor Vélez Loor, sobre los límites a las políticas migratorias, a fin de que todos los Estados del continente garanticen el respeto de los derechos humanos de forma igualitaria y sin discriminación alguna.
En este contexto, CEJIL hace un llamado a los miembros de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y académicos para que dirijan cartas de apoyo al caso al Dr. Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por correo electrónico (corteidh@corteidh.or.cr) o al fax (+506 2234 0584) expresenado la oportunidad única que tiene el Tribunal de profundizar su jurisprudencia relativa a los derechos de las personas migrantes de América Latina.
De igual manera, en caso de necesitar información adicional, pueden escribir a mesoamerica@cejil.org.
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