¿Por qué tal cosa no acaba con cientos, miles de policías entre rejas por autoría de las torturas o encubrimiento de sus compañeros? Pues posiblemente por varias razones que pasamos a enumerar.

1.- Sucede que la mayoría de personas torturadas o maltratadas no denuncian, ya que lo normal es que si uno o varios policías se van a ver en la tesitura de golpear a una persona detenida, en buena lógica lo harán en un momento en el que no haya testigos, ni cámaras, y procurando dejar las menos marcas físicas posibles que sirvan como prueba. Por otra parte, información hay de casos en los que, contando con elementos que podrían hacer jurídicamente viable una denuncia, ésta no se habría llegado a realizar por haber recibido amenazas o intimidaciones por parte de los policías torturadores la persona afectada, por estar en situación legal precaria (inmigrantes sin papeles, menores, presos...) o por simple miedo o desconfianza (muy justificada) en la justicia.

2.- En el caso hipotético de que la tortura o maltrato haya dejado marcas corporales, también hay numerosos testimonios de lo que podría casi estar constituyendo un protocolo de actuación: que la propia policía se apresure a curarse en salud fabricando una denuncia preventiva por “resistencia”, “atentado a la autoridad” o similar, que siempre llegará al juzgado antes o casi al mismo tiempo que la de la persona torturada. El argumento será que las lesiones se produjeron durante el forcejeo al que la policía se vio obligada dada la actitud “violenta” de la persona detenida. En el juicio irán varios policías a testificar y será la palabra de la persona torturada contra la de un grupito de agentes –los cuales pueden llegar a decir cualquier cosa, y lo sabemos por experiencia-. Es común entre los jueces aceptar antes la versión de un policía que la de un ciudadano de a pié, ya que en Derecho se considera que el ciudadano podría tener motivos subjetivos para mentir (salvar judicialmente su pellejo) mientras que el agente de la ley cuenta con la llamada “presunción de veracidad” puesto que teóricamente no le va nada en la cuestión y –en principio- no tendría razones objetivas para mentir.

3.- Si, armados de valor y conscientes del movidón en el que nos metemos, decidimos denunciar, habremos de demostrar que las heridas y lesiones efectivamente nos las han causado los señores o señoras de la policía y no nos las hemos hecho nosotros/as mismas por puro masoquismo o deseo de hacer daño a los probos agentes. Ahí entra en juego el papel de la figura de primer orden en todo este vodevil que siempre queda en la penumbra: el forense. El parte médico que firme el o la forense será nuestra principal prueba. Y, ¡ay amigo!, qué poquitos forenses tienen la honradez, la profesionalidad o los reaños para reflejar en su informe la verdadera relación causa-efecto de nuestras heridas. Es de creer que tantos años trabajando codo con codo con la policía algún tipo de solidaridad corporativa puede crear. Eso sin contar con los que sean corruptos –que como en todas partes los habrá- o simplemente de pensamiento muy conservador y lleno de prejuicios hacia los “delincuentes”. El informe del forense, una vez cursado, es dificilísimo, sino prácticamente imposible de impugnar, y “dirige” inexorablemente nuestra denuncia en una u otra dirección. Nos viene a la mente el “caso Roquetas” en el que un corpulento agricultor murió mientras era apalizado ante las cámaras exteriores de un cuartel de la Guardia Civil por toda una cuadrilla de beneméritos agentes. Hasta con armas prohibidas le arreó el guardia de más mando mientras se lo tenían inmovilizado de pies y manos en el suelo sus subalternos. En la autopsia se detectó que tenía roto el esternón (lo que es causa segura de muerte). Pues bien, el forense dictaminó que este hombre murió por sobredosis de cocaína y que el esternón se lo partieron los agentes mientras intentaban reanimarlo. ¿Ustedes se lo creen? Nosotros tampoco.

4.- Imaginemos que habiendo superado todos los obstáculos anteriores, la cosa llega a juicio. Aparte de la dificultad económica del tema (un juicio cuesta dinero) nos vamos a encontrar con más posibles zancadillas. Tenemos testimonios de juicios en los que la parte denunciante en absoluto se ha sentido apoyada por el ministerio público (el fiscal), el cual cobra de nuestros impuestos precisamente para eso, para perseguir los posibles delitos. No olviden que la fiscalía y la policía (será igual por eso que las dos acaban en ía) son organismos en los que trabajan funcionarios que cobran y reciben instrucciones por parte de la misma empresa, el estado.

5.- En un suponer que el fiscal no es persona de prejuicios ni se deja arrastrar por posibles directrices superiores, el siguiente obstáculo que deberemos enfrentar es la propia persona de su señoría, el juez o la jueza que nos haya correspondido. Uds deben conocer que los magistrados españoles se encuentran asociados en una asociación de jueces “progresista” (entiéndase que votan al PSOE y leen El País) y tres conservadoras. Eso los que están asociados, ya que la mitad de ellos prefieren no “significarse” y por ello no pertenecen a asociación alguna, ergo son conservadores en su mayoría. Como seguramente uds. también saben, los jueces o juezas por lo general , paradójicamente, suelen más amigos de la “legalidad” que de la “Justicia”. Pues bien, en estos casos no debe sorprendernos que no sean ni lo uno ni lo otro. El o los policías encausados siempre van a tener más papeletas para la absolución o el archivo de la causa que para la condena.

6.-Siguiendo con el sueño de que las cosas nos van saliendo rodadas, imaginemos que las pruebas y testimonios que aportamos son de una evidencia difícilmente refutable. Pues bien, en ese caso la experiencia nos indica que hay no pocas posibilidades de que su señoría se incline por una sentencia mínima, llena de atenuantes, que evite la cárcel a los procesados e incluso su expulsión del cuerpo más allá de unos pocos meses de sanción. Las multas económicas también suelen ser mínimas. En el caso de una sanción más fuerte, todavía queda a los señores de la policía condenados como torturadores una segunda oportunidad mediante su apelación a la siguiente instancia judicial, en la cual los hechos juzgados y –esto es de nuestra cosecha- la oportunidad política de sus condenas, volverán a ser valorados por magistrados distintos. No es nada raro que de estas apelaciones resulten jugosas rebajas de las condenas.

7.- Pues a pesar de todo lo dicho, hay excepciones en las que los policías son condenados en firme a penas de cárcel. Como decimos son excepciones y constituyen un pequeñísimo porcentaje con respecto a todas las denuncias que se presentan. En este caso aún les queda a los agentes una vía de escape: la solicitud del indulto (ver artículo que anexamos al pie de este). Sabido es que el gobierno de la nación no mira con malos ojos nunca la gracia del perdón a sus más fieles defensores caídos en una mera extralimitación de sus funciones siempre al servicio de los intereses del estado. Y si no que se lo digan a los amigos Vera y Barrionuevo…

Como último recurso siempre quedará la fuga, tal como es el caso de este policía nacional de Canarias: "Se fuga el ex policía condenado por agredir a un africano en Canarias" (este último apunte lo colocamos un poco de broma para no hacernos tanta mala sangre).

Aunque el fenómeno de la tortura en España, estimamos, no es cosa pequeña, evidentemente no todos los policías, forenses y jueces son así y hacen estas cosas. Imaginamos que hay mucha gente que trata de desempeñar su –más bien oscura- profesión de forma lo más respetuosa posible para con los/las afectados. Malo es generalizar, y sirva este párrafo para hacer esa matización.

En resumen

Las cárceles españolas están atestadas de personas condenadas por violencia de género o por delitos de tráfico automovilístico, por ejemplo. Hay alarma social con estos temas. Sin embargo el delito de la tortura y el maltrato policial ni sale en la tele ni es una de los comportamientos reprobables que están haciendo reventar nuestro poco imaginativo sistema penal y penitenciario. Sus consecuencias son terribles y dejan graves secuelas, especialmente psíquicas, en las personas que las padecen. Resulta evidente que si los medios de comunicación dedicaran a estos sucesos una pequeña parte de lo que conceden a otras problemáticas habría consenso social en que se pusieran los medios para evitarlos.

En esta página no somos partidarios de recurrir a la cárcel como herramienta para resolver los problemas de la sociedad. No vamos a concluir esta larga reflexión pidiendo la cadena perpetua para los policías torturadores, ni el endurecimiento de penas ni nada que se le parezca. Sencillamente porque no creemos que esa sea una solución real que erradique ese comportamiento. Por el momento, y mientras vamos andando el largo camino de construir una sociedad más armónica en la que estas instituciones no sean necesarias y sean gradualmente sustituidas por alternativas mejores, baste que el problema sea conocido y no se niegue desde el estado y desde los medios de comunicación. Baste que la gente pueda saber de primera mano qué ocurre en cárceles y comisarías, concienciarse y reprobarlo. Baste que los policías y carceleros que cometen o amparan maltratos y torturas sean expulsados de sus puestos de trabajo. Eso y que las propias autoridades se vean comprometidas/obligadas a resolver el problema. Acabar con determinadas legislaciones que permiten interrogatorios policiales en aislamiento absoluto durante días y sin presencia de abogados ayudaría mucho. Pero lo que más ayudaría sería que las propias instituciones públicas decidieran acabar con la tortura creando directrices, inspecciones y vigilancia en ese sentido de la función policial. Porque aquí estamos convencidos de que si esas cosas pasan, sobre todo es porque hay un apoyo “implícito” desde arriba y porque hay una complicidad del resto de la sociedad consistente en “mirar hacia otro lado”. Hasta que a una le toca en sus propias carnes, claro.

Dos policías de Ceuta condenados por torturas en el Supremo solicitan el indulto

Ceuta, 23 mar (EFE).-

Dos agentes de la Policía Local de Ceuta, condenados por tortura por el Tribunal Supremo, han presentado una petición de indulto y han trasladado este trámite a la víctima para que haga su propia valoración. Según han informado a EFE fuentes judiciales, los agentes han recurrido la sentencia que les condena a un año de prisión y a ocho años de inhabilitación para cada uno alegando un defecto procesal. Los hechos ocurrieron en 2003 cuando tras una discusión por una multa de tráfico el afectado interpuso una denuncia contra los agentes, alegando que le habían amenazado.

Un día más tarde los policías implicados detuvieron a la víctima y le golpearon brutalmente dejándole algunas marcas, por lo que en marzo de 2008 la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta absolvía a uno de los policías y exculpaba a los otros dos denunciados del delito de torturas, atribuyéndoles una falta de lesiones.

Dicha sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sí estimó la existencia de un delito de torturas, imponiendo una pena que conlleva la pérdida de la condición de funcionarios, que se pierde a los seis años de inhabilitación.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si hay nulidad o no del proceso así como del Gobierno de la Nación, que tendrá que pronunciarse sobre la petición de indulto.

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/policias-condenados-torturas-piden-indulto-tribunal-20100323.html