Ali Salem Tamek, uno de los detenidos, declarado “enemigo público número uno” de Marruecos
Santa Cruz de Tenerife.- La Comunidad Saharaui en Canarias (AISOC) se unió ayer al aluvión de codenas nacionales en internacionales que exigen a Marruecos la “liberación inmediata” de los siete destacados activistas saharauis de Derechos Humanos (Grupo de los 7) detenidos el pasado jueves en Casablanca cuando regresaban de visitar los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, sur de Argelia. AISOC quiso “mostrar ante el mundo su condena y repulsa por la ola de secuestros y desapariciones que están padeciendo nuestros compatriotas en las zonas ocupadas del Sahara Occidental a manos de las fuerzas de ocupación marroquíes y pedir a nuestros hermanos canarios que se unan a nosotros para ponen fin a esa barbarie”, en un comunicado remitido al Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
Por otro lado, organizaciones saharauis de Derechos Humanos denuncian que el territorio bajo control marroquí “continúa en estado de máxima alerta” y “gran número de efectivos policiales y militares, tanto de paisano como uniformados, toma cada tarde las principales zonas de población saharaui” en las ciudades del territorio sometiéndolas a un “estado de sitio hasta pasadas las tres de la madrugada” para evitar manifestaciones populares de apoyo a los detenidos aunque ya se han producido en El Aaiún y Bojador. Además, los domicilios de los principales activistas saharauis de Derechos Humanos en las ciudades del Sahara, “se encuentran bloqueados por agentes marroquíes”, que “impiden a nadie entrar y salir de los mismos, según diversos testimonios llegados SCSC.
El Centro Internacional Olof Palme entregó a los medios suecos un comunicado en el que recordó que uno de estos defensores, Brahim Dahan, “debía llegar el diez de octubre a Estocolmo para participar en un seminario organizado sobre el tema del Sahara Occidental". El director del Centro, Jens Orback, calificó a Marruecos como “una fuerza de ocupación" y exigió que "se libere inmediatamente a Brahim Dahan y a sus compañeros". En ese contexto, pidió al gobierno de Suecia que "condene este tipo de violación de Derechos Humanos" y a la embajada sueca en Rabat que "siga de cerca este tema hasta que Brahim Dahan y los otros defensores recuperen su libertad y puedan continuar su actividad por la democracia y el respeto de los Derechos Humanos".
La Fundación Robert Kennedy se mostró “profundamente preocupada” por la seguridad de los siete activistas saharauis de Derechos Humanos detenidos y llamó a que “se respeten sus derechos fundamentales”. La organización “urge a las autoridades marroquíes a cumplir con sus obligaciones con respecto al respeto de los Derechos Humanos conforme a las leyes internacionales”, indica su comunicado. También “exige a las autoridades marroquíes que realicen una investigación minuciosa sobre la detención de los siete activistas y tome medidas para asegurar su integridad física y psicológica”. Además, la Fundación Robert Kennedy pidió a Marruecos que “cumpla con los Principios Básicos para el Tratamiento de Prisioneros, adoptados en las Naciones Unidas la Resolución de Asamblea general 45/111 del 14 de diciembre de 1990”.
Por su parte, la irlandesa Front Line, fundada en Dublín en 2001 con el objetivo de proteger a defensores de Derechos Humanos en riesgo, lanzó un “llamamiento urgente” a favor de la “liberación inmediata e incondicional" de los detenidos y pidió que se abra "una investigación exhaustiva e imparcial sobre su secuestro y detención”. También señaló que los defensores de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental "no pueden realizar sus actividades sin temor a represalias" y “son víctimas de todas las restricciones incluido el acoso judicial”.
En España, la Liga Española Pro derechos Humanos hizo pública una declaración en la que “denuncia el hecho de que Marruecos detenga, secuestre y torture a los defensores de Derechos Humanos, retire sus documentos y les prohíba viajar a otros países”; además “condena las actitudes de algunos medios de comunicación y partidos políticos que apoyan las violaciones de los que Derechos Humanos cometidas por las autoridades marroquíes”. La organización, en consecuencia, “exige al Reino de Marruecos que dé a conocer el destino de los siete defensores saharauis de Derechos Humanos”, que “sean liberados, así comoa todos los presos políticos encarcelados en las cárceles marroquíes, y pide a la Unión Africana “que organice urgentemente una Comisión Internacional que los visite y pida su liberación”.
Los detenidos, acusados por el procurador real del Tribuinal de Apelación de Casablanca de “atentar contra los intereses superiores de la nación” y ponerse en contacto con “partes hostiles a Marruecos”, en referencia a sus encuentros con autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), son el vicepresidente primero del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos(CODESA) y miembro de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH), sección Assa, Ali Salem Tamek; el presidente de la Asociación Saharaui deVíctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), Brahim Dahane; el Secretario general del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Smara, Ahmad Anasiri; la también activista y dirigente de ASVDH, Dagja Lachgar; el miembro de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH), sección El Aaiún, Yahdih Ettarrouzi; el presidente del Foro para la Protección de la Infancia Saharaui, miembro del CODESA y de la AMDH, Saleh Lebayhi, y el activista del Comité Contra la Tortura de Dajla, Rachid Sghayar.
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, calificó esta detención de "contraria al derecho internacional humanitario" y " al derecho de libre circulación y la libertad de expresión". En un mensaje enviado al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, afirmó que "el gobierno marroquí ha ido muy lejos en su campaña de represión y violación de los Derechos Humanos de los indefensos ciudadanos saharauis cuyo único delito consiste en manifestarse pacíficamente”, y advirtió de que los hechos son “totalmente contrarios a los esfuerzos de las Naciones Unidas por fortalecer la confianza entre las dos partes en conflicto”. (SCSC)
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